El Ayuntamiento de Madrid ha informado sobre el nuevo proyecto urbanístico de la capital, que convertirá el terreno de la antigua cárcel de Carabanchel en un espacio de viviendas, oficinas, equipamientos sanitarios, sociales y educativos, utilizando para ello más de 46.000 metros cuadrados de vías públicas y con la creación de 23.460 metros cuadrados de zonas verdes.
Así se recoge en una nota de prensa del consistorio, que indica que la Comisión Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha ratificado con carácter definitivo el convenio urbanístico, que se debatirá en el Pleno de Cibeles este mes de septiembre: "El visto bueno final permitiría desbloquear un ámbito pendiente de desarrollo desde hace más de 20 años", se explica.
¿Cómo será el nuevo proyecto urbanístico?
El nuevo proyecto de obra incluye la construcción de 640 viviendas, de las que el 34% estarán protegidas. También oficinas, equipamientos sanitarios, sociales y educativos, y se llevará a cabo la urbanización de más de 46.000 metros cuadrados de vías públicas y la creación de 23.460 metros cuadrados de zonas verdes.
El terreno pertenece a dos propietarios: la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) y Pryconsa. La nueva ordenación urbanística de estos terrenos, impulsada por el área que dirige Borja Carabante, establece la distribución de las parcelas entre los dueños del suelo y el Ayuntamiento de Madrid.
?Vivienda, dotaciones sociales y zonas verdes, en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.
— Ayuntamiento Madrid (@MADRID) September 18, 2023
?La Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ratifica con carácter definitivo el convenio que ordena esta superficie de 172.143 m2. https://t.co/R09j5LfQrb pic.twitter.com/mg1QDpIsh8
El nuevo proyecto urbanístico aglomera un total de 172.143 metros cuadrados, comprendida entre la avenida de los Poblados, la calle de Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo. Así, se establece la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento urbanístico, por lo que el consistorio de la capital será el adjudicatario de una parcela con calificación de residencial para vivienda de protección pública básica de 4.178 metros cuadrados y una edificabilidad lucrativa total de 8.200 metros cuadrados. El Ayuntamiento también será propietario del 71% de otra parcela de uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre.
Por otro lado, también entra en el proyecto un hospital de 39.920 metros cuadrados y 46.000 metros cuadrados de vías públicas, con zonas verdes de 23.460 metros cuadrados. La otra parcela dotacional cedida al consistorio estará destinada a un equipamiento básico de bienestar social de 2.037 metros cuadrados.
Por su parte, la Administración General del Estado mantiene la titularidad del terreno en el que actualmente se levanta una Comisaría de Policía Nacional y un Centro de Internamiento de Extranjeros (14.050 metros cuadrados, con uso dotacional para servicios públicos). Se convierte también en adjudicataria, a través de SIEPSE, de dos parcelas que serán destinadas a oficinas (suman ambas casi 9.700 metros cuadrados) y otra con calificación de equipamiento educativo (2.560 metros cuadrados).
SIEPSE también será adjudicataria de cuatro parcelas: dos de uso residencial en categoría de vivienda colectiva libre, de 7.988 metros cuadrados y 10.435 metros cuadrados; una residencial para vivienda de protección pública básica (15.638 emtros cuadrados), y, finalmente, el 28% de otra para vivienda de protección pública básica que comparte con el Ayuntamiento. Por último, Pryconsa será el titular de una superficie de 3.123 metros cuadrados para uso residencial (en categoría de vivienda colectiva libre).
En lo que afecta a la urbanización del terreno, SIEPSE asumirá frente al Ayuntamiento de Madrid el pago de la totalidad de las obras, así como, en su caso, las indemnizaciones y el coste de las demoliciones que hubiera que efectuar. El coste inicialmente previsto asciende a 25 millones de euros. Estas obras de urbanización se iniciarán en el plazo máximo de ocho meses desde la notificación al promotor del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de urbanización y tendrán una duración prevista de 15 meses.
