Barcelona
La modificación catalana para ampliar el número de grandes tenedores ha despertado el rechazo de las organizaciones empresariales del sector, como era de esperar. La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) y Foment del Treball emitieron un comunicado en el que lamentan que la decisión de bajar de diez a cinco el número de viviendas en propiedad para ser considerado un gran tenedor no hará más que dificultar el acceso al mercado del alquiler para futuros inquilinos.
Ambas entidades consideran que la ampliación de los grandes tenedores y la consideración de 140 municipios como zonas tensionadas provocará el efecto contrario de lo requerido: la retirada de pisos de alquiler para ir a la venta. "Lo necesario es incrementar la oferta en el mercado de alquiler de todo tipo", sostienen.
"Estamos ante otra decisión política que incrementará la inseguridad jurídica que sufre un mercado ya suficientemente tensionado", aseguran. A su juicio, las medidas penalizadoras deberían ser sustituidas por mayor colaboración publicoprivada, incentivos fiscales para propietarios que introduzcan viviendas vacías al mercado o incrementar la seguridad del propietario en caso de impagos y okupaciones.
Además, recuerdan las dificultades que existen también para acceder al mercado de la propiedad. Por ello, piden también la concesión de préstamos superiores al 80% del valor del piso a jóvenes con buenas perspectivas laborales a través de un aval público.
La reacción empresarial se produce después de que el Govern haya decidido bajar de diez a cinco los inmuebles para tener consideración de gran propietario tras anunciar las alegaciones a la memoria catalana de la Ley de Vivienda del Gobierno.
¿Qué implica ser un gran tenedor de vivienda?
Ser denominado como gran tenedor por las administraciones implicará limitaciones para las subidas en las renovaciones de contratos, con un precio máximo según un índice público. El ejecutivo catalán pretendía imponer su propio baremo, algo que le ha sido denegado y se está a la espera de que el Gobierno publique el suyo, que está previsto para antes de 2025.
Además, para iniciar un desahucio deberán acreditar que ha tratado de aplicar un procedimiento de conciliación con el inquilino en cuestión.
