Barcelona
La Generalitat rebaja los requisitos para ser considerado como gran tenedor en Cataluña. El Govern ha decidido bajar de diez a cinco los inmuebles para tener consideración de gran propietario tras anunciar las alegaciones a la memoria catalana de la Ley de Vivienda del Gobierno.
La consellera de Territori, Ester Capella, anunció la modificación este miércoles en rueda de prensa, que ya está aprobada en la nueva Ley de Vivienda aprobada por el Congreso.
La dirigente añadió que los promotores sociales que tengan como objeto "la promoción de inmuebles de protección social destinados al alquiler" escaparán de este cambio, aunque los que se dediquen a vender los pisos sí que serán considerados grandes tenedores, también.
Ambas modificaciones se aplicarán en los 140 municipios que son zonas tensionadas, según el criterio de la Generalitat. Así, entrarán en vigor en agosto, cuando empezará a ser referencia la nueva Ley de Vivienda en Cataluña. "Pone en el mercado de vivienda asequible mucha más vivienda", prometió la dirigente catalana.
Capella admitió la posibilidad de un recurso judicial por parte de las entidades representativas del sector inmobiliario, pero señaló que espera que los tribunales tengan en cuenta "los derechos que están en juego".
"No es ninguna contradicción", respondió a los periodistas sobre la votación en el Parlament el próximo 1 de septiembre para considerar si se interpone ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal, que choca con la autonómica. Capella aseguró que la Generalitat de Catalunya está defendiendo sus competencias y que es su "obligación dar respuesta a la ciudadanía catalana" y garantizar sus derechos.
Límites a los grandes tenedores
Ya dio pistas de su intención el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona."Probablemente acudiremos al recurso de alzada y en función de la respuesta habrá que analizar a ver si tenemos que acudir al contencioso administrativo", señaló Carles Sala, director del Área Jurídica. El dirigente lamentó que "limitaciones de este tipo en nada benefician a quien intenta acceder al mercado de alquiler" y advirtió de que cada vez serán menos los pequeños inversores que opten por el mercado de la vivienda.
Y es que ser denominado como gran tenedor por las administraciones implicará limitaciones para las subidas de precios en las renovaciones de contratos, con un precio máximo según un índice público. El ejecutivo vatalán pretendía imponer su propio baremos, algo que le ha sido denegado y se está a la espera de que el Gobierno publique el suyo., que está previsto para antes de 2025. Además, para iniciar un desahucio deberá acreditar que ha tratado de aplicar un procedimiento de conciliación con el inquilino en cuestión.
En cambio, el Sindicat de Llogateres, una entidad catalana que agrupa intereses de los inquilinos, celebró que la norma permitirá que se produzcan "todavía más" descensos del precio del alquiler y demandaron al Gobierno que se apruebe de manera inmediata la regulación por áreas tensionadas.