Barcelona
Foment del Treball y la Associació de Promotors de Catalunya (Apce) alzan la voz contra la nueva ley de vivienda. Las dos patronales catalanas lamentan el camino tomado por el Gobierno, que pactó el nuevo marco con ERC y EH Bildu y que, a su juicio, va en la línea contraria de la senda deseable: ampliar el parque de viviendas disponible para que bajen los precios.
Ambas entidades emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron las deficiencias de España en materia de vivienda asequible: el parque de pisos sociales es solo del 2,5% frente al 9,3% en el que está la media europea. "Para lograr estos niveles es necesario que las administraciones destinen los recursos suficientes como hacen otros países de nuestro entorno", sostiene.
Los empresarios denuncian que la vivienda su use normalmente como "caballo de batalla" en periodos electorales, pero que esta preocupación no se vea reflejada en los presupuestos. Así, recuerdan que en Cataluña el 80% de las viviendas de protección oficial erigidas en la última década llevan el sello del sector privado. "Hacen falta más recursos y que las administraciones dejen de traspasar la responsabilidad al sector privado", añaden.
Pese a las críticas, Foment y la APCE recibieron con agrado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una línea de financiación de 4.000 millones de euros por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la promoción de 43.000 nuevas viviendas de alquiler social.
Los problemas de la nueva ley de vivienda
En cambio, las dos entidades lamentaron el camino tomado por el Gobierno en la nueva ley de vivienda, pactada con ERC y EH Bildu. "Consideramos que va en la línea contraria a conseguir ampliar el parque de viviendas y disponer de una oferta que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos", advierte el comunicado. Además, lamenta las semejanzas con la normativa catalana, parecida a la estatal.
"Las tensiones en el mercado del alquiler en España son atribuibles a la falta de vivienda, por lo que la solución no es la intervención de precios, sino que pasa por incrementar la oferta", señalan. De controlar las rentas, las consecuencias serán una reducción de los pisos disponibles y la disminución de nuevas construcciones, avisan.
