Portugal y España quieren dar respuesta a los retos de las familias a la hora de acceder a la vivienda, que es una necesidad básica y un derecho constitucional de todos. Partiendo de esta premisa, si hablamos de forma exclusiva de Portugal y de su nueva Ley de la Vivienda, sería prematuro por nuestra parte sacar conclusiones sobre las medidas propuestas en la misma, sobre todo teniendo en cuenta que el programa está aún en consulta pública y que hay todavía muchos detalles de las medidas propuestas que aún se desconocen.
Pero la realidad es que el exceso de intervención por parte del Estado que está prevista en esta nueva ley de la vivienda es una cuestión que no sólo preocupa a promotores y constructores, también a los propios ciudadanos y que, además, podría conllevar una desaceleración en la inversión por parte del mercado internacional. Esto podría traer como consecuencia, dotar a España de cierta ventaja competitiva como destino preferente en cuanto a inversión inmobiliaria.
Dicho esto, creo conveniente destacar que, en Portugal y España, es prioritario que se garantice la ejecución de los programas ya establecidos, que favorezca un aumento del parque público de vivienda de acuerdo con los objetivos ya definidos, así como agilizar programas de apoyo, para hacer más rápido el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Del mismo modo, considero igual de relevante que se asuman las diferencias territoriales del país para que no se apliquen medidas heterogéneas a todo el territorio.
Pero más allá de las fronteras de esta nueva Ley de la Vivienda, y desde un punto de vista cortoplacista, lo que es realmente importante es el poder asegurar en Portugal y España un apoyo efectivo y adecuado a los grupos poblacionales que más lo necesitan, como son aquellos con un bajo poder adquisitivo y, por supuesto, los jóvenes.
Es necesario que el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos centren sus esfuerzos en apoyar económicamente a estos dos grupos poblacionales que, hoy en día, viven con una tasa de esfuerzo que puede superar incluso el 50% de sus ingresos netos mensuales bien a través de hipoteca bien a través prestación por alquiler. Asimismo, se debería crear un contexto que promueva e impulse la nueva construcción, sin olvidar, además, la necesidad de racionalizar los programas existentes destinados a construir un complejo de vivienda pública desde cero.
Si hablamos desde una perspectiva más a largo plazo, considero que se debería crear un plan que fomente la formación, la digitalización, la innovación y la investigación en toda la cadena de valor inmobiliaria en el sector tanto público como privado. Es imprescindible una revisión de los planos urbanísticos de las ciudades para conseguir un mayor alineamiento con la evolución sociodemográfica de la población española y Portuguesa que permitan, en el futuro, construir ciudades más sostenibles e inclusivas.
Portugal ha logrado un alcance y posicionamiento internacional sin precedentes a lo largo de los últimos años, sin embargo, todavía es un país que necesita consolidar sus niveles de atractividad como destino de inversión y, en este sentido compite con muchos países, entre ellos España, quien podría beneficiarse de forma directa con la supresión de las Golden Visa y la limitación, de forma sustancial, de las licencias de alojamientos turísticos.
En cualquier caso, somos conscientes del reto que representa el acceso a la vivienda tanto para la población de Portugal como para la de España. Del mismo modo que lo somos de nuestra responsabilidad como operador del sector inmobiliario residencial, no sólo a la hora de proporcionar información sobre la realidad actual del sector inmobiliario en ambos países, sino también a la de identificar las estrategias que permitan aumentar las soluciones habitacionales de vivienda asequible en ambos mercados teniendo en cuenta las dimensiones económicas y sociales propias de cada país.
