"Estamos en unas dimensiones de ocupación como nunca antes en España". Así de claro lo advirtió Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, durante la presentación de su estrategia global de vivienda.
"Desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno la ocupación ha crecido de media un 41% y según los últimos datos disponibles, Cataluña aglutina más del 50% de los casos denunciados (4.341 en un año)", apuntó la consejera, que considera que "está claro que hay modelos que favorecen la ocupación y que son permisivas y modelos que luchan contra ella".
El pasado verano se lanzó el servicio 112 Ocupación, que ya ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados. "La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid emplea todos los cauces legales previstos para procurar el desalojo de la ocupación ilegal de sus inmuebles y todos los medios que tiene a su alcance para evitar la ocupación de sus viviendas como medidas de seguridad y "bunkerización" de las viviendas en reparación de la Agencia de Vivienda Social para evitar su ocupación ilegal", explicó Martín.
Asimismo, se han suscrito convenios con empresas suministradoras de energía eléctrica y se plantean medidas de apoyo a los propietarios afectados como ayudas de hasta 900 euros al mes o de hasta el 100% de la renta y se bonifica el 100% de la factura del agua del Canal de Isabel II.
En este sentido, Martín apunta que la nueva Ley de Vivienda es un "paraguas para la ocupación" al "evitar y retrasar la salida de los ocupantes de las viviendas".
La nueva normativa, pendiente de aprobar, está provocando, a su juicio, una enorme "inseguridad jurídica", que está afectando al mercado del alquiler. "Cuando se producen medidas intervencionistas lo primero que se resiente es el alquiler", explicó la consejera en referencia al límite del 2%. "Esto ha provocado un frenazo en el mercado importante ya que muchos propietarios que han rescindido los contratos y que han visto que no pueden cargar con los costes asociados que llevan un alquiler han decidido retirar sus viviendas del mercado".
En la Comunidad de Madrid, la ocupación ha caído en el último año un 15%
Así, hizo referencia a lo sucedido en Cataluña. "Reformas de este estilo han supuesto que dejen de ser alquiladas más de 10.000 viviendas en un año en Cataluña, de las 25.000 que había en total", advirtió Martín, que aseguró que cuando el pequeño propietario se "retrae del alquiler el que se ve perjudicado es el joven que no puede acceder al mercado de la vivienda".
Martín tiene claro que si finalmente se aprueba la Ley de Vivienda y atenta contra las competencias de las comunidades autónomas "tomaremos las medidas necesarias para protegernos y presentaremos un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas". Asimismo, aseguró que "si de nosotros depende, no estableceremos zonas de mercado tensionadas, ni intervendremos los precios. Eso sí, somos respetuosos con la normativa y cumpliremos con los que sea ley básica".