La Generalitat quiere dotar a los Ayuntamientos de una herramienta para acabar con las ocupaciones conflictivas. La administración catalana prepara una nueva ley para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios en caso de que se cometan delitos en una vivienda ocupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes, una problemática que se encuentran con grandes tenedores, asegura.
La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, y la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, presentaron este miércoles la propuesta de una modificación del código civil y la ley de vivienda para actuar contra las ocupaciones que generen conflictos en la convivencia. Una vía para resolver la problemática que denunciaron los alcaldes de la Asociación del Arco Metropolitano la pasada semana.
De este modo, ya no solo los propietarios podrán emprender el camino judicial en caso de ocupación. Según la consejera Ciuró, grandes propietarios y bancos no emprenden en muchas ocasiones ninguna acción en los tribunales, lo que hasta dificultaba la acción de los cuerpos policiales.
Con la modificación, las administraciones podrán pedir la tramitación. Siempre tras advertir a los dueños de los inmuebles, que tendrán un mes para responder a la petición. Para ellos habrá multas de entre 9.000 euros y 90.000 euros en caso de hacer caso omiso a los requerimientos, deberán sufragar los costes del desahucio y podrían llegar a perder la vivienda, que sería cedida a la autoridad competente de la zona para destinarse a uso social.
Los juzgados catalanes tienen más de 7.000 denuncias por ocupación
Será el trabajo de Ayuntamientos y vecinos documentar los actos ilícitos que se puedan estar cometiendo en el edificio, pero solo los jueces podrán ejecutar el desahucio. Quedó en el aire si deberá cometerse un delito, como el tráfico de drogas o la plantación de marihuana, para iniciar el procedimiento o no.
Ciuró explicó que las consejerías aspiran a cerrar la norma durante la primera semana de octubre. Quedará entonces pendiente de tramitación parlamentaria, aunque desde el Govern entiende que se tratará con rapidez, se guardan la carta de aprobarlo vía Decreto Ley para agilizar los plazos.
Según los datos hechos públicos por la Generalitat, actualmente los juzgados catalanes tienen 7.345 denuncias por ocupación abiertas. El plazo de tramitación estándar ronda los ocho meses. La administración catalana solamente dispone de datos de su parque de viviendas: 953 de los 21.000 pisos que tiene están ocupados y el 25% presenta conflictividad.
Además, Cataluña concentra el 45% de todas las ocupaciones de España. La problemática se concentra en Barcelona, pues el área metropolitana de la capital aglutina el 75% de los casos del territorio. Por ello, los alcaldes de la zona pidieron la semana pasada a la consellera Cervera una actuación decidida contra el fenómeno.
