Valencia
Ambición total en materia de financiación autonómica para la legislatura que empieza este jueves en la Comunitat Valenciana. El nuevo acuerdo de gobierno, rubricado este miércoles por PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV, promete sin cautelas resolver este mandato el mayor de los problemas de la Generalitat Valenciana: su infrafinanciación por parte del Estado. Y no solo eso. También se compromete a compensar la llamada "deuda histórica".
En esta línea, la redacción del nuevo acuerdo de gobierno refleja un salto importante respecto al de 2015. Frente a la menor concreción de hace cuatro años, que fijó la reivindicación en "exigir en el Estado, a través de acciones políticas y legales, una financiación adecuada para poder garantizar la prestación de los servicios públicos" y "exigir el reconocimiento de la deuda histórica del Estado", el nuevo texto, más preciso, huye de la salvaguarda 'exigir' e introduce una mayor celeridad. En concreto, promete la "reforma inmediata del sistema de financiación y regularización de la deuda histórica".
"Establecimiento de un calendario para la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica, basada en las recomendaciones de los expertos nombrados por el Consell; así como la aprobación de mecanismos temporales de compensación mientras esta reforma no se produzca. Reconocimiento de la deuda histórica desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Generalitat Valenciana, como también la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de estos déficits", recoge textualmente el llamado Pacte del Botànic II en el punto 4 del eje 6.
La inclusión de esta cuestión nuclear de un modo tan explícito permitirá calibrar de forma sencilla el éxito o el fracaso del PSPV al término de la legislatura, porque son los socialistas, salvo sorpresa en Madrid, los que estarán al frente de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España con toda una legislatura por delante para abordar este problema.
Como reconoce el propio Ejecutivo central, la Comunitat Valenciana es la región española que menos dinero recibe por habitante de todo el Estado, concretamente 800 euros menos por ciudadano al año que Cantabria, la mejor tratada. Tal cifra, en una autonomía de cinco millones de habitantes como la valenciana, supone un agravio de 4.000 millones anuales, el equivalente al presupuesto de la Conselleria de Educación.
La reivindicación contra el sistema implantado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero la asumen desde hace años todos los partidos. De hecho ha sido una bandera común de los presidentes Francisco Camps, Alberto Fabra (que llegó a enfrentarse a Mariano Rajoy por esta cuestión) y en última instancia de Ximo Puig, que rebajó el tono de la noche a la mañana cuando Pedro Sánchez accedió a la Moncloa. La excusa fue el escaso margen temporal, un argumento con el que ya no cuentan los socialistas.
"Mecanismos temporales de compensación"
El mero hecho de atajar la infrafinanciación sería ya un gran logro, pero la ambición del nuevo acuerdo va más allá al exigir una reforma "inmediata" y al extender la petición a "la aprobación de mecanismos temporales de compensación" y a "el reconocimiento de la deuda histórica desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Generalitat Valenciana".
En este sentido, la meta sería lograr una quita de la deuda como compensación por la financiación a la baja sufrida por la autonomía durante los últimos años. En este caso el principal problema es la venta de esta medida más allá de las fronteras valencianas. El Gobierno se ha encontrado con la oposición a esta cuestión por parte de presidentes autonómicos de todos los colores.
Cabe recordar que la deuda per cápita de la Comunitat Valenciana es la más abultada de toda España con una tasa del 41,8% del PIB, ocho puntos por encima de Catalunya. En términos absolutos se trata de la segunda mayor de todo el país con un volumen de cerca de 39.000 millones de euros, solo por detrás de los más de 58.000 millones que deben los catalanes
