El exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Pablo Cotino, sigue desarrollando su carrera empresarial tras su abrupta salida tanto de FGV como de la también empresa pública valenciana Eige, de las que fue cesado con polémica tras la salida del PP de la Generalitat Valenciana.
Además de su incorporación en 2017 a la EAFI valenciana Efe & Ene, el exdirigente se ha incorporado al grupo inversor valenciano Atitlán que dirigen Aritza Rodero y Roberto Centeno (este último yerno de Juan Roig). En concreto, el pasado mes de febrero Cotino se incorporó como consejero de la sociedad Sea 8 Porto SL, la que aglutina las piscifactorías que tiene el grupo, especializadas en la producción de lenguado y rodaballo en Portugal y Galicia
Ya en septiembre 2017 Cotino irrumpió como consejero de Aquacria Arousa SL cuando Atitlán adquirió esta sociedad al Grupo Matutes. Entonces explicó que se trataba de una circunstancia temporal y que su participación sería testimonial, pero año y medio después el dirigente ha consolidado su posición al ser nombrado también consejero de Sea 8 Porto. Preguntadas al respecto, fuentes de Atitlán indican que Pablo Cotino se incorporó por parte del directivo y también consejero de Sea 8 Jaime Leon.
El cese de Cotino en FGV tuvo lugar tras su sonoro desencuentro con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, quien le acusó de hacerle esperar un cuarto de hora la primera vez que la consellera fue a visitar la empresa pública. El PP, por su parte, aseguró -tras ver el vídeo de seguridad de la empresa- que la espera de la consellera fue realmente de dos minutos.
Su salida fue fulminante, tanto que la conselleria ni siquiera esperó los 15 días preceptivos y tuvo que indemnizarle también por esta cuestión. Regresó al Eige, donde había sido asesor jurídico desde 2005 hasta saltar a FGV, pero -tras no recibir apenas encargos en diez meses- también lo despidieron de la entidad. Su respuesta fue llevar a la Generalitat a juicio por partida doble.
Presentó dos demandas contra la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige), una por rebajarle la categoría salarial cuando se reincorporó a la empresa pública tras ser cesado en FGV y otra por su posterior despido en el Eige, que achacó a "motivos ideológicos".
