Comunidad Valenciana

B. Cardona: "Somos pioneros en legislar la responsabilidad social, pero la clave es el diseño de políticas que la hagan efectiva"

(Fotografía de Guillermo Lucas).
Valencia

María Belén Cardona Rubert, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universitat de València (UV), aceptó, el pasado mes de septiembre, asumir la Secretaría Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana en la última etapa de la legislatura. Cardona cuenta con una amplia y sólida trayectoria, nacional e internacional, en formación, investigación y divulgación en diferentes materias ligadas al mundo laboral, la cooperación, los derechos humanos, los flujos migratorios y la integración de personas en riesgo o situación de exclusión, entre otros ámbitos. Además, ha desempeñado varios puestos de gestión en la UV -entre ellos, coordinadora del Área de Empleo del OPAL (Observatorio para la Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral) y fundadora y responsable de la Bolsa de Empleo. (Puede leer más contenidos en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).

El Gobierno valenciano ha sido pionero en contar con una conselleria específica en transparencia, participación y responsabilidad social. ¿Qué ha supuesto en la práctica?

La situación de la Comunitat Valenciana, complicada, en gran parte por la hipoteca reputacional de la que tanto ha hablado el president, obligaba a ofrecer una imagen muy potente. Con la propia creación de la Conselleria, se trataba de dar un mensaje a la sociedad valenciana en el sentido de situar las políticas de transparencia, participación, cooperación y responsabilidad social en el centro de las políticas del Consell. Y eso se ha conseguido. El mayor logro es haber generado una cultura y una conciencia de que la actividad de los altos cargos y de la Administración tiene que ser abierta a los ciudadanos. De cara a la próxima legislatura, lo importante es la continuidad en cuanto a las políticas, no en cuanto al formato ni en dónde se residencien. Es momento de hacer una evaluación de lo que se ha hecho en los últimos años, identificar los errores que, sin duda, se habrán cometido y procurar continuar por este camino, enfrentándonos a retos nuevos. Lo menos trascendente es qué conselleria se hará cargo, porque, de hecho, muchos de los proyectos son interdepartamentales.

En la recta final de la legislatura, ¿cuál es el balance del trabajo desarrollado en la conselleria?

En todas las áreas que son competencia de la Conselleria nos podemos sentir, si no completamente satisfechos, sí contentos, de manera rotunda. Obviamente, en transparencia se ha impulsado una cultura que ha calado en la Administración, en los protocolos, en las maneras de funcionar de los altos cargos y en las propias dinámicas. Entre los hitos, están el Portal de Transparencia, que se ha intentado que sea moderno y accesible para todos los ciudadanos; la Ley de Cuentas Abiertas, que permite acceder a datos del conocimiento interno de las administraciones; la Ley Reguladora de la Actividad de Grupos de Interés, etc. El último proyecto de la legislatura en esta materia es el Anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, pendiente de los preceptivos informes del Consejo Económico y Social (CES) y del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Otro logro es el sistema de alertas tempranas de prácticas de corrupción -sistema Saler, conocido popularmente como Satán-. Hitos como estos nos han situado como referente en España y otras comunidades autónomas acuden a nosotros para compartir ideas y aplicarlas. En participación, se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer. Se ha dado impulso al asociacionismo ciudadano, a la red de valencianos en el exterior y las políticas y proyectos de la conselleria han sido consultados con la sociedad civil. En responsabilidad social, el hito legislativo es la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, aprobada antes de verano. Es la segunda ley autonómica en esta materia, tras la extremeña. En sí mismo, ya comporta un compromiso del Consell, al dotarla con carácter normativo. Da seguridad jurídica a las empresas interesadas por el cumplimiento de la misma e introduce las cláusulas sociales en contratación pública. Es el ejemplo de lo que tiene que ser un gobierno abierto a los ciudadanos y una ley consensuada con los agentes que tienen que hacerla efectiva. Está pendiente del desarrollo reglamentario.

En principio, se planteaban seis meses para este desarrollo, pero aún no se ha abordado. ¿Estará listo antes del cambio de gobierno?

El retraso en este desarrollo en el fondo yo creo que es, en cierta manera, positivo, porque está permitiendo establecer esos contactos y construir esas alianzas con los agentes sociales, encontrar los puntos comunes fundamentales para que los reglamentos sean acertados; que todos se reconozcan. No me atrevo a asegurar que los reglamentos estén listos antes del fin de la actual legislatura, porque los plazos del calendario electoral son los que son y nos encontramos en una fase incipiente. Conviene detenernos un poco en este periodo de consulta social, con la idea de que en la próxima legislatura sea una de las prioridades. Se hará todo lo que se pueda.

¿Cómo se articulará ese proceso participativo?

Las leyes con contenido o vocación de incidir en la realidad social, como ésta, no concluyen con su mera aprobación, sino que exigen el diseño y desarrollo de políticas que hagan efectivo su contenido. En ese sentido, el compromiso del Consell es hacer partícipes a los agentes sociales del diseño de estas políticas. Que sean útiles, participadas y con las que los agentes que las tienen que aplicar se sientan vinculados y comprometidos. Para eso es fundamental la participación; no queremos legislar de espaldas a la realidad y a los agentes de los que va a depender la aplicación y el éxito de la norma. Es un momento oportuno para abrir el desarrollo reglamentario a la interlocución con las empresas y con el resto de agentes sociales -sindicatos, asociaciones, ONG, tercer sector,...-. Queremos recabar sus opiniones, sus intereses, sus criterios, para tenerlos en cuenta no solo en ese desarrollo, sino, sobre todo, en ese diseño de las políticas que hagan efectiva la responsabilidad social en nuestra comunidad. La responsabilidad social dotada de contenido y alejada de la mera obtención de marcas, sellos o etiquetas, beneficia a todos, a las propias empresas que la adoptan como criterio de funcionamiento y repercute en positivo a la sociedad. Son políticas del máximo interés para la Administración Pública autonómica.

¿Qué instrumentos contempla la nueva ley para fomentar de forma efectiva la responsabilidad social entre las empresas?

Hay tres instrumentos que permitirán, en primer término, y desde el diseño de la ley, materializar la responsabilidad social de manera tangible. Dos de ellos son participativos: el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, que está previsto que se constituya a partir de alianzas entre los diferentes agentes sociales que lo van a integrar y será el principal órgano de representación e impulso de la responsabilidad social, y la Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables, centrada en administraciones locales, para gestionar impactos económicos, laborales, medioambientales, sociales y culturales que hagan compatible una economía competitiva con la cohesión social. Además, se recogen las cláusulas de contratación pública socialmente responsable para las empresas que trabajen con la Administración, como instrumento estratégico para incorporar en los pliegos. Pero lo importante es el desarrollo y aplicación de políticas públicas en estas materias, que impulsen su aplicación.

¿Cuál está siendo la respuesta del tejido empresarial valenciano?

Hay que destacar en positivo la implicación del empresariado valenciano. Hay una conciencia general, amplia, de la necesidad de incorporar los criterios de la responsabilidad social, pero es un tejido empresarial heterogéneo, diverso, tanto en cuanto a actividades como a las realidades de las empresas. La mayoría son pymes. En ocasiones nos encontramos muchas que, a nivel intuitivo, están llevando a cabo acciones que pueden encuadrarse en el concepto de responsabilidad social, pero no son conscientes de que lo están haciendo. Por eso, son importantes las actividades de difusión y formación, dirigidas particularmente a esa parte del tejido empresarial al que puede costar más que llegue este concepto. A nivel organizativo, las grandes asociaciones y patronales empresariales están dando muestras de interés y colaboración con la Administración. Estamos muy satisfechos. Un ejemplo de ello es el respaldo a la Declaración por la ética y el buen gobierno, donde se visualizó el compromiso del empresariado.

Sin embargo, la introducción de cláusulas sociales obligatorias en contratos públicos genera diferencia de opiniones entre las empresas.

Somos conscientes y por ello es importante que el desarrollo reglamentario y el diseño de las políticas recojan el sentir, las necesidades de las empresas. Es el momento de pensar a lo grande, definir qué políticas queremos de responsabilidad social y qué contenido tendrá el futuro Plan Valenciano de Responsabilidad Social.

¿Están preparadas las pymes para adaptarse a este nuevo contexto?

Las leyes son importantes, pero lo fundamental son las políticas, que deben diseñarse teniendo en cuenta la realidad, las dificultades que pueden encontrar las empresas y diferenciar las necesidades, intereses y dificultades de unas y otras. Por eso es importante abrirnos a la escucha y a la consulta de la realidad, que hará que esto sea un éxito o un fracaso. Si hemos sido pioneros como comunidad en legislar la responsabilidad social, seríamos muy torpes si no invirtiéramos en la implementación de estas políticas.

En esta línea, se da un papel relevante a la formación. ¿Qué acciones se contemplan?

La responsabilidad social es una gran desconocida para la sociedad civil y para la empresa, pero también para las Administraciones Públicas. Se está trabajando ya en un plan de formación interno para la Generalitat Valenciana. Además, es importante invertir en instrumentos que den a conocer lo que comporta, desde el punto de vista interno de las empresas y hacia la sociedad. Algunas empresas la entienden como imagen hacia el exterior y se despreocupan de las políticas internas, o viceversa. Es muy importante insistir en la formación. Prácticamente en todas las áreas de competencia de la conselleria se está trabajando con las universidades públicas con cátedras -hay una específica de responsabilidad social con la Universidad de Alicante-. Estamos abiertos al desarrollo de otras fórmulas.

En cooperación, ¿se ha logrado cerrar completamente la etapa que acabó con el exconseller Blasco y parte de sus altos cargos en prisión?

Damos por cerrado completamente ese periodo. Por fortuna, la sociedad valenciana, a pesar de las situaciones de indignidad y bochorno pasadas, sigue considerando la cooperación un asunto de máximo interés. Hay que poner de relieve ese compromiso. Además, el sector de la cooperación es ejemplar y está trabajando para adaptarse a los nuevos escenarios y necesidades. Y también hay que poner en valor el trabajo insustituible y meritorio de los técnicos de la Dirección de Cooperación. Es un triángulo de agentes que permiten decir que la cooperación está siendo exitosa. Se ha ido incrementando el presupuesto y se ha constituido el Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030, pistoletazo de salida en la implantación efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Comunitat, materia confluyente con la responsabilidad social. Hay que trabajar en las sinergias. Tenemos pendiente la segunda conferencia estratégica de cooperación. En la primera, en 2015, se definieron los objetivos y propósitos, y en esta se abordará el cierre y evaluación de la cooperación valenciana en el mandato, analizar las fortalezas y debilidades y trazar los retos de futuro. Además, el 6 de febrero organizaremos una jornada, en Alicante, centrada en el papel de las mujeres en conflictos y en la construcción de procesos de paz.

¿Se da por conseguido el objetivo del Consell del Botànic de levantar la 'hipoteca reputacional' que pesaba sobre la Comunitat?

Yo creo que sí. De hecho, en las encuestas la preocupación por la corrupción ha descendido y, además, la Comunitat se ha constituido en referente en el que se miran otras autonomías. Se ha trabajado mucho en impulsar esa nueva cultura democrática y crear instituciones más abiertas y transparentes. Ya no hay marcha atrás; no es posible que los ciudadanos se vuelvan a acostumbrar a una política a puerta cerrada. Eso es madurez democrática.

(Puede leer más contenidos en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).

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