Los 629 migrantes que arribarán al Puerto de Valencia en la flotilla del Aquarius no recibirán automáticamente el estatus de refugiados, sino que estarán sujetos a los mismos controles y procedimientos que se aplican al resto de personas que llegan a España de forma irregular, según ha explicado en Valencia la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
"Se estudiará caso por caso, aplicando de forma estricta la legislación vigente a la hora de valorar las peticiones de asilo", lo que supone que "algunos de ellos serán enviados a los Centros de Extranjeros (CIE) o a centros de ayuda humanitaria", desde los que podrían ser deportados.
Calvo se reunió con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para coordinar el dispositivo de recepción y acogida -que se ha retrasado al domingo, por las malas condiciones de navegación-. Este dispositivo implica a la Administración local, autonómica, seis ministerios y varias ONGs, asociaciones e instituciones públicas y privadas.
Está previsto que los tres barcos lleguen a la terminal de cruceros de forma escalonada, con entre dos y tres horas de margen, para garantizar la atención sanitaria, psicológica y jurídica personalizada. Puig y Calvo indicaron que se dará en condiciones "tranquilas y respetuosas", por lo que habrá barreras de seguridad y no irán cargos políticos.
Carmen Calvo negó cualquier tipo de conflicto con Italia, Malta o Francia por el Aquarius . "Nos hemos comportado como obliga la Constitución y los convenios internacionales", destacó.