El Parlament de Cataluña ha presentado un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional para exigir que se ejecute la sentencia que anuló la indemnización de 1.350 millones para las empresa promotora del almacén de gas Castor -Escal UGS, de la que ACS controlaba el 66,7 por ciento-.
En la sentencia, dictada en diciembre, se consideraba inconstitucional la indemnización que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista, que el Gobierno aprobó en 2014. Se preveía que la cantidad de la indemnización se recuperaría con cuotas en los recibos de consumidores 30 años. En el nuevo escrito, firmado por el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, se solicita al Constitucional que "confirme" los efectos de su sentencia sobre el caso Castor.
Asimismo, se pide un requerimiento al Gobierno para que "cumpla y aplique" las medidas establecidas y para que, "con anterioridad a la adopción de cualquier nueva medida que implique la repercusión de la compensación a favor de la empresa concesionaria del proyecto Castor sobre los ciudadanos, ejerza la facultad que le otorga el título concesional para reducir su importe en función de la eventual existencia de dolo o negligencia en la gestión de la empresa".
Además, reclama solicitar al Gobierno para que "se abstenga de utilizar la figura del decreto ley para regular en el futuro lo aspectos económicos derivados de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor".
El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, tras los cientos de seísmos registrados en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS a la concesión de la instalación.
Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que pagó el Gobierno en noviembre de 2014 y que preveía cargar en el recibo del gas durante 30 años.
El Ministerio de Energía considera que ha acatado y cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente el decreto en el que se fijó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor al dar traslado de ella a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Energía, tras anular el TC la indemnización de 1.350,7 millones de euros que fijó el real decreto-ley para los promotores del proyecto -situado frente a las costas del municipio castellonense de Vinaròs-, comunicó a la CNMC la decisión judicial para que adoptara las medidas oportunas.
La CNMC paralizó los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) por el almacén de gas y, en enero pasado, cuando se hizo pública la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, además de paralizar esos pagos, estableció que los titulares de los derechos de cobro dejaban de ser sujetos del sistema de liquidaciones.
Asimismo, eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso los costes de operación y mantenimiento del almacén reconocidos con cargo al sistema gasista y que lleva a cabo Enagás.
Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que se produjo la sentencia a través de las liquidaciones de la CNMC.Santander, CaixaBank y Bankia formularon el pasado 6 de abril al Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitaban la devolución del dinero aportado.
El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, indicó el pasado 16 de abril que el Ministerio tenía seis meses para responder a esa reclamación de los bancos y que se pediría un informe al Consejo de Estado.
