Manuel Alcaraz (Alicante, 1958), profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, es, desde 2015, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana. (Más contenidos en la revista digital gratuita 'elEconomista Comunitat Valenciana').
La Comunitat Valenciana fue la primera de España en crear una Conselleria de Transparencia. Tres años después, ¿cuál es el balance?
Yo creo que hemos avanzado mucho, lo que no significa que hayamos llegado donde queremos llegar. Alcanzamos los primeros tres años de cambio y los primeros tres años del Botànic, que seguro que serán más. Cuando se creó la Conselleria, recibíamos ataques constantes, pero esto ya ha cambiado, sobre todo desde que en Murcia -donde gobierna el PP- también hay una. Nosotros, como en toda Europa, estamos, cada vez más, integrando la idea de la transparencia con otros conceptos, haciéndola más amplia y comprensiva, con la noción de gobierno abierto. Hay tres grandes ámbitos de trabajo en esta materia: ayuntamientos, open data y big data y el traslado de técnicas de transparencia de la Administración pública al ámbito privado. Si no conseguimos llevar más transparencia, por ejemplo, a la Iglesia Católica, las grandes empresas, los bancos o las universidades, mal vamos. De la transparencia va a depender la calidad del sistema, más seguridad laboral, confianza en una fiscalidad justa, menos tendencia a la corrupción o al amiguismo, al clientelismo, más compromiso con el territorio y con el bienestar de las personas. En las universidades igual. Me abochorna todo lo que ha salido con el caso Cifuentes. La transparencia es un instrumento de presión y de crítica política muy importante.
¿Se ha logrado superar la crisis de reputación de la Comunitat?
Cuando llegamos, encontramos muchos ecos de corrupción, muchas voces que hacían que la Comunitat tuviese un déficit de imagen y reputación tremendo, algo de lo que se quejaban los ciudadanos, los políticos y los empresarios. Teníamos que superar esa fase y yo creo que lo hemos hecho con creces. En todas las encuestas va bajando la preocupación por esas cuestiones, aunque no podemos bajar la guardia. Partíamos de cero en todo, menos en cooperación, que partíamos de menos 100. Todas las cosas que habían pasado por el filtro de Rafael Blasco se habían derivado al caos. Una situación caótica permite que la opacidad sea más fácil, que las desviaciones de poder y económicas sean más sencillas. El día que tomé posesión, vino un señor del PP y me dio una carpeta vacía. Y yo dije, ¿ahora dónde vamos?
¿Cuáles han sido las principales políticas y medidas que se han desarrollado en materia de transparencia y responsabilidad?
A nivel general, en cada Conselleria se ha modificado la estructura, con unidades de transparencia, porque es transversal y aprobamos el Código de Buen Gobierno que deben firmar todos los altos cargos de la Generalitat y de las principales instituciones. También la han firmado un grupo de ayuntamientos relevante. Encontramos una Ley de Transparencia que había hecho el gobierno del PP, que no era una ley pésima, pero no se habían preocupado por arbitrar los mecanismos para ponerla en marcha. Hemos tenido que hacer algunas modificaciones, un reglamento, que es muy complicado -somos la única comunidad autónoma que lo tiene- y muchas otras cosas. Una fundamental ha sido la puesta en marcha del Portal de Transparencia. Además, constituimos el Consejo de Transparencia, a pesar de saber que está infradotado de medios, sobre todo de personal. En otras áreas, hemos creado el Consejo de Participación y hemos lanzado el primer programa piloto en una comunidad de auditoría ciudadana; la monitorización de un proyecto por parte de la sociedad civil de la licitación y las obras. Hemos sacado cartas de servicio con obligaciones precisas evaluables. La primera experiencia se está desarrollando con un colegio en Aldaia. Hemos pasado de cuatro a 16 los inspectores de la Inspección General de Servicios, un cuerpo muy serio, muy responsable y que está funcionando muy bien, haciendo informes impecables sobre cosas que no tienen por qué ser casos de corrupción, sino también malas prácticas. Hemos asumido varias leyes, como la de Incompatibilidades o la de Cuentas Abiertas, en colaboración con Hacienda, para hacer públicas las cuentas todos los meses.
En la última fase de legislatura, ¿qué asuntos prioritarios quedan pendientes?
La Ley de Lobbies y la de Fomento de Responsabilidad Social están en las Cortes, y estamos trabajando en la de Inspección General de Servicios y una Ley de Gobierno Abierto, que modifique la Ley de Transparencia actual, que la mejore, que dote de más medios e independencia al Consejo de Transparencia y avance en los compromisos en materia de participación ciudadana. Igualmente, se pondrán en marcha diversas iniciativas sobre participación, entre otros, un servicio de asesoría a organizaciones.
La Ley de Responsabilidad Social incluye obligaciones tanto para el sector privado como para el público. ¿Cuáles son los objetivos?
En dos o tres años, la Generalitat será absolutamente modélica en esta materia y hemos tenido una relación muy buena con las organizaciones empresariales y los sindicatos. A la ley le queda el debate de las enmiendas parciales, que no son demasiadas ni complicadas. Esperamos que esté aprobada antes del verano. Habrá que desarrollar el reglamento y se quiere crear el concepto de territorios socialmente responsables, donde exista una empresa líder que pueda hacer de locomotora en esta materia. Dentro de la Generalitat, hemos publicado ya dos guías de cláusulas y estamos haciendo un esfuerzo de formación. Hemos hecho un informe donde reconocemos carencias, sobre todo en materia de contratación. Con los Ayuntamientos, el problema es que hay una legislación básica del Estado y una realidad muy distinta entre municipios. No tiene sentido imponer obligaciones iguales para el Ayuntamiento de Valencia que para otro de 50 habitantes.
¿Qué papel está jugando el Gobierno central en esta materia?
El Gobierno de España no tiene ninguna política de transparencia, ni la ha tenido nunca. La transparencia hace falta como derecho fundamental, como la libertad de expresión; debe ser defendible per se y tiene que ser un pilar en los discursos proactivos de una mejora de la calidad democrática. No dudo de la buena voluntad de algunos de los altos cargos del Gobierno, pero la política de transparencia empezó y acabó con una ley que ya tienen que modificar y con la creación del Consejo de Transparencia. Es un órgano unipersonal; el consejo tiene una persona y luego hay un equipo. La presidenta murió hace cinco o seis meses y no la han sustituido. Eso da un indicador de lo que les importa. Lo que no puede ser es que cuando el Estado español, por sus compromisos internacionales, tiene que elaborar un listado de actividades relacionadas con el gobierno abierto, nos tenga que llamar a las comunidades autónomas y a algunas asociaciones de la sociedad civil, porque él no tiene actividad, cuando dispone de una maquinaria y una capacidad económica que ya querríamos las comunidades. Si la competencia es de las autonomías, perfecto; pero, entonces, que no interfieran. La Administración del Estado es quien más necesita las medidas de Transparencia, pero hace unos días, el señor Montoro, de cuyo Ministerio dependen, dio una gran lección de ignorancia. Tiene que entender que no es solo una técnica para que funcione mejor la maquinaria del Estado; tiene que ser una apuesta política. O se inscribe en un discurso de profundización democrática o es que no lo han entendido. Tener sentido de Estado es querer un Estado abierto, avanzado y con más calidad democrática.
¿En qué líneas están trabajando las comunidades autónomas?
Estamos celebrando muchas reuniones con otras regiones; sin color político, con Gobiernos de todos los partidos. Hemos tenido ya encuentros con Aragón y con Murcia y estamos preparando otros, con Castilla-La Mancha y País Vasco. Hemos pedido, junto a Murcia, que se cree un órgano permanente de tipo político, una especie de conferencia sectorial de gobierno abierto. Que ciertas veces al año, el ministro se reúna con las personas responsables en esta materia en las comunidades, para elaborar retos y proyectos comunes. Que se avance conjuntamente hacia nuevas filosofías, nuevos mecanismos, nuevas tecnologías, nuevos conceptos jurídicos... Esto el PP no lo entiende. No le importa que haya crisis abiertas en la estructura del Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy quiere que haya muchas cataluñas. Nosotros no queremos. Pedimos al Gobierno que ejerza el liderazgo que debería tener por su capacidad y recursos. Hay materias donde la cooperación es importante, como el diseño de los servicios de transparencia para los Ayuntamientos o de los sistemas informáticos para la gestión de datos abiertos, donde las comunidades nos encontramos con muchos problemas, porque económicamente es muy caro.
¿Existen políticas comunes en la Unión Europea en materia de transparencia? Si las hay, ¿en qué posición está España?
En la Unión Europea va habiendo políticas comunes. Hemos ido varias veces a contarles proyectos. Pero nosotros no somos el interlocutor político directo. Nos interesa tener fondos europeos para desarrollar proyectos tecnológicos para la mejora de la transparencia y la prevención de la corrupción. Pero percibimos un desinterés absoluto. Cuando estamos trabajando en sistemas de alerta temprana, vemos lo que está pasando en el mundo. Cuando hablamos de las técnicas de auditoría pública, se está trabajando en Alemania, en países del Este... En definitiva, también hay una globalización del gobierno abierto, de las nuevas vías de legitimación. Yo busco, observo y, si descubro que un sitio se trabaja bien, lo replicaré, pero mejorándolo. Y a mí, me copiará otro. No queremos ser de los perdedores de la democracia.
¿Qué países son referentes en estas materias?
El referente clásico son los países nórdicos, desde mediados del siglo XIX, pero también hay experiencias en Gran Bretaña. Seguramente no haya diferencias radicales en sistemas jurídicos, pero sí en las culturas políticas. El espectáculo bochornoso del máster de Cifuentes es inimaginable en Alemania o Dinamarca. Todavía los políticos españoles y los empresarios siguen pensando que la mayor materia prima del poder es el secreto. Yo creo que es la difusión de información. Aquel político que tenga más capacidad de ordenar, estructurar y difundir información útil para la ciudadanía, va a tener una cuota de poder importante. Ante la multiplicidad de fuentes, las redes sociales, la triste aceptación de que la mentira es una parte del ecosistema informativo, difundir información veraz es clave.
¿Qué aporta la digitalización en estas materias?
La transparencia es mucho más sencilla cuando todos los procedimientos entre Administraciones y entre éstas y los ciudadanos son telemáticos. Vivimos en la época de la innovación constante. Y se da la paradoja de que, cuanto más se acelera, menor capacidad de predicción del futuro tenemos.
Queda un año para celebrar nuevas elecciones autonómicas. ¿Ve reeditable el 'Pacte del Botánic'?
Creo que sí. El gran cambio político en España, todavía en marcha, es el fin del bipartidismo, con unas extensiones a largo plazo que aún no hemos visto. Ante el fraccionamiento del electorado, hay dos vías: tratar de gobernar en minoría, generando unas disfunciones brutales, que es lo que está pasando en el Gobierno del Estado, o buscar acuerdos estables. El actual, es el gobierno más estable de la historia de la democracia valenciana. Por supuesto que hay fallos; no conozco ningún gobierno democrático sin fallos, pero la gobernanza está asegurada. Entiendo que se magnifique cuando hay un problema, pero no ha habido ninguna crisis que haya amenazado con la ruptura. En este momento, un gobierno del PP sería terrorífico, porque aún se podrían dar marcha atrás a cambios importantes, que han cambiado la imagen de la región. Hemos recuperado el respeto.
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