La Generalitat Valenciana asignará un mínimo de 55 millones de euros de los Presupuestos Generales de la Comunidad Valenciana a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), entidad gestora del nuevo servicio de radio y televisión pública de la autonomía. Así se recoge en el contrato programa aprobado ayer por el Gobierno valenciano, con vigencia para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Este contrato recoge los objetivos y líneas estratégicas del nuevo servicio público, bautizado À Punt, además de regular el alcance y contenido de las emisiones. Entre otros puntos, plantea que tendrá que "garantizar una información de calidad; promover y apoyar el uso y la difusión de la lengua y cultura valencianas; promover el pluralismo, la diversidad y la cohesión social, y la igualdad entre hombres y mujeres".
Asimismo, deberá "garantizar el acceso universal a los contenidos audiovisuales, especialmente de las personas con diversidad funcional auditiva o visual; la presencia de los grupos políticos y sociales significativos, potenciar la industria audiovisual, y promover la transición a la economía digital".
El primer programa de la radio pública valenciana arrancó en di- ciembre y el 25 de abril la televisión inició la emisión en pruebas.
Financiación mixta
Respecto a la financiación, se indica que será "mixta". Además de la asignación en los Presupuestos Generales de la Generalitat, se contemplan "ingresos por comercialización de publicidad; los derivados de otras actividades comerciales y mercantiles, por los servicios que preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades o la cesión o venta de determinados contenidos audiovisuales", y otras vías -como porcentajes de cuotas a la radiotelevisión comercial y de pago, a la difusión en movilidad o por cable través de compañías telefónicas y de Internet-. Además, recoge los productos y rentas de su patrimonio, y aportaciones voluntarias -subvenciones, herencias y donaciones-.
El documento define indicadores de gestión, eficiencia económica y calidad, y mecanismos ante posibles desviaciones, para evitar situaciones como las que llevaron al cierre de Canal 9, con una deuda de más de 1.200 millones de euros.
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