El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha dictado auto de apertura de juicio oral en el caso de las irregularidades detectadas en las adjudicaciones del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, en el marco del Caso Brugal. En la causa figuran como acusados los exalcaldes Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz, junto a otras seis personas.
En su auto, el juez explica que existen indicios de la comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos, revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias, y corrupción de autoridades o funcionarios públicos, dado que en la planificación del desarrollo urbanístico de Alicante se habría beneficiado al empresario.
La Fiscalía Anticorrupción solicita sendas penas de 10 años, 2 meses y 2 días de prisión para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP. Además se enfrentan a peticiones de inhabilitación de 29 años y 3 días para empleo o cargopúblico que implique los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal de cualquier corporación local.
En cuanto al empresario Enrique Ortiz, el fiscal pide inicialmente para él penas que suman ocho años y tres días de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
"Íntima amistad"
El escrito del fiscal Briones, que consta de 560 páginas, desgrana la relación de "íntima amistad" que mantenían los políticos con el empresario, aunque ellos procuraban que no "trascendiera al exterior". Según el relato de hechos que se recoge en el escrito, Ortiz ofreció presuntamente a los políticos entre 2008 y 2010 dádivas que "no se materializaban en actos puntuales por cada trato de favor urbanístico recibido, sino en un ofrecimiento permanente en cuanto pensara que sería del agrado de aquéllos, o dando satisfacción a los intereses conforme le eran demandados", sostiene.
Al respecto, la acusación pública considera que "el acceso" de Ortiz a la información reservada sobre el ordenamiento urbanístico de la ciudad "le benefició, adelantándose a su adquisición, en futuras recalificaciones de suelo", y reitera que "el amparo que le fue dispensado desde la máxima estructura política municipal le franqueó la ordenación, a su interés, de muchas de sus apetencias urbanísticas en suelos en los que, o bien era ya propietario o partícipe, o bien lo fue a consecuencia de la adquisición ventajosa de terrenos".
Sobre Sonia Castedo el fiscal motiva su acusación de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación al considerar que en los plenos de abril de 2009 y mayo de 2010 acordó la aprobación provisional del PGOU -anulado en el pleno municipal de febrero de 2015, antes de que se produjese el cambio de gobierno- siendo "plenamente consciente de que con tal decisión se consumaba, ahora de modo oficial y definitivo desde el Consistorio, el apoyo sistemáticamente brindado por ella a lo largo del tiempo a Enrique Ortiz" desde sus cargos de concejala de Urbanismo primero y alcaldesa después.
La acusación pública cifra el importe de esas supuestas dádivas en 453.157 euros a favor de Díaz Alperi por un viaje en jet privado a la isla de Creta, aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo. En el caso de Sonia Castedo, la cifra estimada por el fiscal rondaría los 260.000 euros por diversos viajes de ocio, un coche o una chaqueta, entre otras elementos. Según el fiscal, a esas entregas deben sumarse "las dádivas no cuantificables como la contratación laboral" de amigos y familiares de Alperi y Castedo en las empresas de Ortiz. Según Anticorrupción, los dos políticos deberían haberse abstenido de todos los expedientes que afectaran al constructor por su amistad con él.
Por el contrario, señala, se prevalieron presuntamente de sus cargos para proporcionarle información reservada, vulnerando "sistemáticamente" la confidencialidad de los trabajos de revisión del Plan General "en favor de los inmensos intereses urbanísticos" del promotor. Esa supuesta "connivencia" permitió al empresario y a sus empleados "marcar las pautas que más le beneficiasen y minimizar cuanto pudiera perjudicarle", adelantarse a la adquisición de terrenos que iban a ser recalificados en un futuro, siempre según la versión acusatoria.
En esta presunta trama de corrupción desempeñaron, según el fiscal, un papel fundamental otros dos acusados, los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, el primero antiguo concejal socialista y el segundo hermano de la exalcaldesa. Para Gutiérrez y José Luis Castedo, Anticorrupción reclama penas de diez años de cárcel, multas e inhabilitación tras acusarles de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
La fiscalía pide provisionalmente para los otros cuatro acusados (dos empresarios y dos directivos de las sociedades de Ortiz, uno de ellos su hermano Virgilio) penas de entre tres meses y un año y medio de prisión por delitos de corrupción de autoridades o funcionarios.
