El Gobierno valenciano celebró, el pasado fin de semana su quinto seminario semestral -en esta ocasión, en Benicarló y Vinaròs (Castellón)-, en el que ha presentado una autoevaluación muy positiva de su gestión, desde el punto de vista de objetivos cumplidos.
Un balance que, sin embargo, choca con la realidad en varias de sus conclusiones, al incluir entre sus éxitos medidas paralizadas, no completadas o, incluso, algunas suspendidas por decisión de las autoridades judiciales. Por no mencionar que, en las últimas programaciones de objetivos han ido ganando peso los puntos centrados en la elaboración de estudios y planes, en lugar de en la definición de acciones concretas o en la evaluación del impacto en la práctica de los ya aprobados.
En concreto, el Consell de PSPV y Compromís da por cumplidos el 88,6% de los objetivos definidos en los seminarios -211- y el 11,4% estaría en ejecución -27-. No habría ningún fracaso.
Pero, entre los puntos cumplidos, se incluyen algunos no alcanzados o completados, como la reforma del sector público, el Decreto de Plurilingüismo -derogado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana-, la recuperación de las emisiones de la televisión pública -sin fecha definida- o el Plan de Industrialización -que la propia Conselleria de Economía admite que está en desarrollo-.
Algunas de las grandes medidas han sido frenadas o aparcadas -como la reforma del Régimen Local, el sistema de retorno de envases, la Ley de Minería o la de Comercio Sostenible-. Y hay otras, como el plan de desestacionalización del turismo, que se repiten en varios de los documentos semestrales.
Reforma de la Constitución
En línea con los anteriores seminarios, cada una de las diez consellerias ha presentado cinco compromisos para el primer semestre de 2018.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló tres ejes de actuación principales para el Ejecutivo: la defensa de la reforma constitucional -en coordinación con todas las comunidades autónomas, que deben tener un "papel activo" y "bajo una visión claramente federal"-, la actualización del modelo productivo valenciano y el anteproyecto de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, que comparte protagonismo con la lucha contra la violencia de género -entre las medidas, se incluye un Plan Director de Coeducación para "erradicar la desigualdad" desde las aulas-. La reducción de la brecha digital entre las comarcas de la Comunitat y la lucha contra el fraude fiscal centran, también, parte de los esfuerzos.
Desde el punto de vista de los compromisos concretos, entre los principales, están un plan para reforzar las relaciones con China y el resto de países de la Ruta de la Seda; la culminació del proyecto de Banco Público de la Generalitat (IVF) -que tendrá un consejo de profesionales del ámbito financiero-; la reestructuración del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (Ivat); un Plan Estratégico de Emprendimiento para 2018-2023; uno de Acción contra la Siniestraliedad Laboral; uno dirigido al Sellado de Vertederos; otro de Modernización de Regadíos; la reversión a gestión pública directa del Departamento de Salud de la Ribera; un concurso público para transmitir el derecho de suelo de viviendas del parque de la Generalitat a cooperativas; la puesta en marcha el Programa Estratégico para la Mejora de la Movilidad, las Infraestructuras y el Transportela; la creación de una Ley de Gobierno Abierto, para ganar en transparencia, y un Plan de Mejora de la Atención a la Ciudadanía.
Cambio de modelo económico
Además, la Generalitat ha anunciado que presentará, en las próximas semanas, un Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico Valenciano en 2017-27, que plantea "una estrategia competitiva, sostenible e integradora, basada en la transformación digital, el conocimiento y la productividad", según el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Se han identificado 34 objetivos prioritarios -con 118 iniciativas- y 39 proyectos tractores.
