María José (Mako) Mira es, desde agosto de 2016, secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, con competencias en estos ámbitos, además de en proyectos y fondos europeos, en el impulso de la reforma del sector público y sobre el patrimonio de la Generalitat. Licenciada en Economía, Máster en Dirección de Empresas y Máster en Tributación, tras desempeñar puestos de responsabilidad en varias empresas, en 2010 asumió la dirección general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte). En julio de 2015, fue nombrada secretaria autonómica de Economía, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, y directora general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), hasta asumir su actual cargo.
Tras dos años y medio del actual Consell al frente de la Generalitat, el sector empresarial lamenta que el cambio en políticas industriales y económicas es más lento de lo esperado. ¿Qué respondería?
Que la Administración no va tan rápido como nos gustaría es verdad, pero también lo es que hemos avanzado mucho en los últimos dos años y medio. Todos sufrimos los largos plazos y aún hay mucho que hacer por delante. Tenemos encima la espada de Damocles con el Gobierno del PP, que no nos permite desarrollar servicios en las mismas condiciones que otras comunidades. Nos encontramos, actualmente, a la cola en financiación para servicios básicos, y eso no nos permite realizar inversiones en otras políticas, como las orientadas al cambio de modelo productivo -estrategia, innovación, formación, empleo...-, o en infraestructuras, claves para la competitividad. Pero no creo que las empresas no estén satisfechas con lo que está pasando. Por ejemplo, se ha facilitado el acceso de compañías de menor tamaño a contratos públicos, se han reducido los periodos de pago, se han potenciado las cláusulas sociales... No es la situación óptima en la que esperábamos encontrarnos, pero vamos en la buena dirección.
El año 2017 ha acabado sin que el Gobierno central cumpla con la prometida reforma del modelo de financiación autonómica.
Estamos decepcionados respecto a las expectativas que teníamos con el grupo de expertos creado para la reforma del sistema, y la situación de Cataluña tampoco ha ayudado. Aunque sí hemos dado pasos importantes. Hemos logrado concienciar a la sociedad de que existe un problema y el reconocimiento de que la Comunitat Valenciana es la peor financiada. Las reglas del juego marcan una negociación dura. Tendrían que resarcirnos por todo lo que se nos ha pagado de menos y los derechos que deberíamos haber tenido con un modelo de financiación justo y buscar una solución para la deuda generada. A pesar de ello, tanto la Administración autonómica como las locales hemos hecho los deberes en nuestros ámbitos de competencia, pero las limitaciones de recursos no nos permiten desarrollarnos en igualdad de condiciones que otras regiones; eso hace que la brecha sea cada vez mayor. Creíamos que en 2017 ya tendríamos un nuevo modelo, pero no nos sorprende que el señor Montoro no cumpla con las expectativas. Una vez más, el Gobierno del PP ha demostrado que los valencianos le importamos más bien poco. Pero hemos logrado sensibilizar y poner en la agenda política de cualquier partido que pueda alcanzar el Gobierno ese cambio necesario.
En este contexto, la Comunitat ha sido seleccionada como banco de pruebas para ensayar nuevas fórmulas de financiación de proyectos sociales y de emprendimiento en la Unión Europea. ¿Qué supone?
Cuando llegamos al Gobierno de la Generalitat, los fondos europeos estaban suspendidos, por diversos motivos, entre ellos, no justificar en plazo el desarrollo de las acciones para las que se concedieron. Dos años después, somos pioneros en proyectos -como demuestra que nos hayan elegido como piloto del proyecto de impacto social-; hemos pasado de estar en la cola, a la cabeza en ejecución, con participación activa en programas, foros, comisiones de trabajo... Una de las principales razones por las que hemos sido seleccionados como banco de pruebas para proyectos de alto impacto social -con Andalucía y dos regiones italianas- es que somos la única región que va a ejecutar instrumentos financieros dentro de sus programas operativos regionales y que ya tenemos un organismo con personal y estructura experimentada en este tipo de instrumentos, que es el IVF. Se trabajará con diferentes fórmulas, desde microcréditos a inversión directa, subvenciones a determinados sectores con impactos positivos en empleo, medio ambiente, apoyo a personas en riesgo de exclusión, a inmigrantes...
¿Ha superado ya la Comunitat la situación de 'bloqueo' respecto a la financiación de proyectos con fondos europeos?
Ya cumplimos con la senda financiera marcada por la Comisión. En junio de 2015, nos encontramos que el porcentaje de ejecución de fondos Feder del programa 2014-2020 era nulo, y lo mismo ocurría con el Fondo Social Europeo (FSE) y con el de Garantía Juvenil. Los programas 2007-2013 estaban suspendidos. Dejamos de percibir cerca de 200 millones de euros. La situación en diciembre 2017 es un porcentaje de ejecución de fondos Feder 2014-2020 del 20 por ciento -con 590 millones-, del 15 por ciento en el FSE -con 180 millones- y del 30 por ciento de ejecución del Fondo de Garantía Juvenil -unos 170 millones-. Esto no solo es bueno de cara a la Unión Europea, el Gobierno central y la ciudadanía, sino, también, de cara a los técnicos y funcionarios. Desde este punto de vista de gestión, hemos incluido como beneficiarios a diputaciones, ayuntamientos, consorcios... que no estaban, y hay un coordinador de fondos europeos en cada Conselleria, lo que contribuye a la comunicación y transparencia: todos sabemos lo que el resto recibe y ejecuta, así como lo que se necesita, lo que permite gestionar mejor, coordinar itinerarios y priorizar proyectos, para lograr el mayor impacto social y económico, y avanzar en la meta de cambio de modelo económico hacia un sistema más sostenible, con mayor peso de la innovación, la diversificación, la internacionalización, empleo cualificado y de calidad, y un impacto social positivo. Somos, también, pioneros en la puesta en marcha de un banco público, con la reestructuración del IVF, en línea con las directrices de la Comisión Europea de articular instrumentos financieros para apoyar al tejido empresarial. Estamos trabajando ya, junto a las organizaciones empresariales y sindicatos, en el análisis de todos los sectores que tenemos en la Comunitat Valenciana para poder detectar las necesidades de cara a enfocar los fondos de programas europeos a partir de 2020. A la Unión Europea la dan igual las competencias estancas; lo que valora es que exista una estrategia clara.
Existe un doble discurso respecto a la cooperación público-privada, en función de la Conselleria. ¿Dónde se posiciona usted?
Soy una firme defensora de la cooperación público-privada. Lo importante es que los servicios sean excelentes en calidad y que se presten de forma equilibrada, equitativa, eficaz y eficiente. Las políticas de cada Conselleria las define cada una, pero el actual Gobierno valenciano no es contrario a la cooperación público-privada. Pero no todo vale; que no haya control, falta de transparencia, que no se cumpla con los servicios, con las condiciones de los trabajadores... Durante la etapa en la gestión del PP, sólo podían acceder a los contratos sus cuatro amigos. Son necesarios mecanismos de control y flexibilidad. En una situación de infrafinanciación y limitación de recursos, la Generalitat quiere contar con el sector privado para poner en marcha proyectos, porque es el que está en situación de poder invertir para generar riqueza y empleo. Hay que buscar la mejor fórmula en cada caso y definir nuestro modelo de cooperación público-privada. Me gustaría acabar la legislatura creando una sociedad mixta, en el ámbito que sea necesario, con la que quede claro que es posible ese modelo, con líneas rojas claras, transparencia, control y primando la calidad asistencial. Y, a partir de ahí, poder adaptarlo a diferentes sectores o servicios. Estamos trabajando en ello.
En los últimos meses se han dado pasos hacia la reestructuración del sector público. ¿Cuál es la estrategia para el resto de la legislatura?
Queda mucho por hacer. El objetivo es contar con un sector público instrumental que sirva a la Generalitat de medio propio para poder desarrollar políticas y prestar servicios, pero es rígido y poco flexible. En las empresas públicas ha habido verdaderas aberraciones. Desde Parc Sagunt, con más de 200 millones enterrados, a Ciudad de la Luz, con más de 300 millones, las obras de la T2 de Valencia, la Sociedad de Proyectos Temáticos, Eige... Hemos tenido que dar la vuelta a todo esto sin apenas recursos, con trabajo y esfuerzo. ¿Y el PP es el que sabe gestionar las empresas y la economía? No es lo mismo configurar un sector público partiendo de cero y que cumpla con las normas, que reformar un sector público con múltiples irregularidades, que están aflorando en las auditorías, heredado de los anteriores Gobiernos, y que se había adelgazado por obligación y sin ningún tipo de estrategia. No se trata de tener cada vez menos entidades con más competencias y hacer un totum revolutum, sino de tener el número adecuado para garantizar las diferentes funciones y servicios, de forma transparente y flexible. Otra cosa es no aumentar el gasto. En esa línea estamos trabajando. Este Gobierno sabe gestionar la economía; lo estamos demostrando.
Las empresas son muy críticas respecto a la política fiscal del Consell, que consideran que resta competitividad a la región. ¿Qué les diría?
Las empresas pagan impuestos y deben de estar orgullosas por ello, si a cambio reciben servicios de calidad. Si estamos infrafinanciados y el Gobierno estatal propicia un dumping fiscal que no nos permite ser más flexibles o tener impuestos más bajos, afecta a nuestra competitividad como territorio. A pesar de ello, tenemos otras muchas ventajas, que hacen que los empresarios apuesten por la Comunitat Valenciana.
Parc Sagunt se ha convertido en uno de los polos de atracción de inversiones, tras el aterrizaje de Mercadona. ¿Cuál es la estrategia?
De la primera fase, sólo queda el 10 por ciento disponible. Hemos modificado el planeamiento urbanístico, reestructurando las parcelas para tener más grandes, para las que hay demanda. Y ya estamos trabajando en la segunda fase -se ha sacado ya a licitación el plan especial-, que tendrá unos seis millones de metros cuadros. No se había hecho aún nada y, con los plazos de tramitación, no estará disponible antes de 2 años, pero se puede vender sobre plano. Es un proyecto estratégico para el desarrollo de la Comunitat y no hubiéramos triunfado sin el apoyo de las organizaciones empresariales y los sindicatos, que siempre han defendido la ubicación estratégica y la necesidad de desbloquear este área para uso industrial y logístico.
*Entrevista publicada en el número de diciembre de la revista digital gratuita 'elEconomista Comunitat Valenciana'.