El presidente de la patronal autonómica valenciana, CEV, Salvador Navarro, ha expresado "su respaldo a Ribera Salud ante la ofensiva contra el libre ejercicio de la actividad empresarial y la competencia que se ha materializado con la presentación de las enmiendas de Compromís y Podemos a la Ley de Salud" valenciana. En concreto, la enmienda cuestionada limita al 40 por ciento las acciones que una persona, física o jurídica, podrá controlar en el capital de empresas que gestionen y presten servicios sanitarios en la red pública de salud.
Se da la circunstancia de que su presentación coincide en el tiempo con el tanteo que lleva a cabo Ribera Salud para hacerse con las acciones de la aseguradora DKV en el Hospital de Denia, donde la empresa -propiedad de la multinacional Centena y Banco Sabadell- ya tiene el 35 por ciento del capital. La Generalitat Valenciana quiere hacerse con el control de esta concesión -cuya mayoría está en manos de DKV-, dentro de su política de retorno a gestión pública directa de todos los departamentos de salud de la Comunitat -el primero, el de La Ribera, el 1 de abril de 2018-.
Navarro, que se ha reunido con el consejero delegado de Ribera Salud y presidente de la Comisión de Cooperación Público Privada (CPP) de la CEV, Alberto de Rosa, cree que esta acción política de Compromís y Podemos "nos sitúa, una vez más, en un escenario de inseguridad jurídica que no pasa inadvertido a inversores foráneos y de la propia Comunitat Valenciana".
Mayor eficiencia de la CPP
El presidente de la CEV ha insistido "en las bondades" de la gestión de recursos públicos a través de mecanismos de colaboración público privada. "Un modelo de económico y social sostenible exige el concurso y la participación de la iniciativa privada, más aún en un escenario de restricción presupuestario como en el que nos encontramos y que previsiblemente se alargará en el tiempo", ha asegurado.
En su opinión debe superarse la estigmatización sobre esta fórmula de gestión que afecta, también, a empresas que gestionan o aspiran a gestionar privadamente servicios públicos. "Al ciudadano lo que le interesa y preocupa es recibir servicios de calidad y no la naturaleza del responsable de su ejecución", asegura Navarro.
En este sentido, ha recordado que los datos oficiales disponibles hasta ahora sobre el funcionamiento del modelo sanitario concesional en la Comunitat Valenciana, como la última auditoría de la Sindicatura de Cuentas, "no ofrece duda sobre la eficiencia del modelo para la Administración Pública y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos".