La Comunitat Valenciana necesita un mínimo de 21.529,5 millones de euros de inversión en infraestructuras en los próximos 10 años "para alcanzar el nivel de bienestar social y el desarrollo socioeconómico que le corresponde, en función de su población y su PIB", según el informe elaborado por la patronal autonómica, la CEV, en colaboración con agentes públicos y privados de la región. El documento cifra en 7.208 millones el déficit de la inversión en obra pública en la zona en los últimos 15 años y se presenta como base para un gran pacto por las infraestructuras entre todos los representantes económicos y políticos, que garantice una estrategia estable y a largo plazo. Un enfoque que apoya el presidente valenciano, Ximo Puig, que ha pedido nuevas reuniones con Mariano Rajoy y con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para trasladarles esta situación. | Más noticias en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana.
"Somos una región exportadora y con superávit comercial, pero el déficit permanente en infraestructuras lastra la competitividad y la generación de empleo", denuncia el presidente de la CEV, Salvador Navarro.
Del volumen de inversión total planteado, 17.983 millones -el 83,5 por ciento del total- serían competencia estatal y 3.547 millones, autonómica. Por áreas, destaca el peso de las infraestructuras de transporte, con 12.383 millones -el 57,5 por ciento del total-, de los que prácticamente la mitad, 6.000 millones, estarían vinculados al Corredor Mediterráneo ferroviario, seguida por urbanismo, con 3.683 millones; agua, con 1.709 millones; mantenimiento, con 1.451 millones; infraestructuras sociales, con 1.308 millones; medio ambiente, con 537 millones, y energía, con 459 millones.
José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de la Comunitat Valenciana (Fecoval), subraya que el documento recoge las obras prioritarias, y no la totalidad de las inversiones requeridas en la región, y que tendrá que ir siendo actualizado. "Somos conscientes de la dificultad de que el contenido se plasme totalmente en la realidad y en los plazos fijados. Tomando como partida 2017, la inversión para la región es mucho inferior y, además, no se va a cumplir. El documento es un punto de partida, una primera versión. Proponemos la creación de una mesa de trabajo de obras públicas, con representantes del sector público y privado, donde se pueda ir analizando, desarrollando y haciendo seguimiento de la estrategia", defiende.
Fondos europeos y privados
En un contexto de recursos públicos limitados -especialmente, a nivel de la Administración autonómica, lastrada por la infrafinanciación y el alto volumen de deuda, que supera ya los 45.000 millones de euros-, la clave para lograr el mayor nivel de desarrollo real de las 317 actuaciones consideradas necesarias para la Comunitat pasa por ampliar el peso de la captación de fondos europeos, así como por abrir nuevas vías de colaboración público-privada. El estudio indica que en torno al 35 por ciento de la inversión -unos 7.450 millones- podría cubrirse con participación de inversores privados.
Los expertos coinciden en destacar la oportunidad que supone el alto grado de liquidez disponible en el sistema, que busca alternativas a los mercados de valores -sujetos a la alta volatilidad- y a los productos bancarios -con rentabilidades muy reducidas-. "Fondos privados, family office y socimis -sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario- analizan activamente operaciones que les ofrezcan mayor seguridad y rentabilidad. Si se plantean infraestructuras con un ratio coste-beneficio positivo, podemos encontrar otras fuentes de financiación", destaca Santa Isabel.
Un principio que se traslada, también, a la captación de recursos europeos. "Tenemos que definir proyectos basados en estudios rigurosos y empaquetarlos bien para presentarlos a las instituciones de la Unión Europea, que tienen recursos disponibles", apunta. En este sentido, el presidente de Fecoval critica que, en los últimos años, "ni la Comunitat Valenciana ni, en general, el Estado han sabido captar y canalizar los fondos de Europa convenientemente".
En esta línea, "el nivel medio de inversión de la Unión Europea en España en los tres últimos años se sitúa en 1.179 euros por habitante, frente a los 4.588 de Reino Unido, los 2.379 euros de Alemania, los 2.129 euros de Italia y los 1.969 euros de Francia", según datos facilitados por la Cámara de Contratistas. "Estamos en los últimos puestos de la UE en cuanto a inversión por habitante", dice su director, Manuel Miñés.
El Gobierno valenciano está desarrollando acciones para paliar esta situación, como la creación de áreas y departamentos internos específicos, tanto a nivel general como por Consellerias, o la reciente visita de Ximo Puig a las principales instituciones europeas, para mejorar el grado de relación. Además, en septiembre estará operativa la oficina autonómica de evaluación de proyectos, que dará soporte a la oficina nacional, ya en funcionamiento.
Proyecto pionero
El mayor peso de la financiación con participación privada se propone para las infraestructuras de energía, urbanismo y sociales. En este último caso, la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), trabaja con el sector empresarial, desde hace más de un año, en la definición de vehículos de inversión público-privada para el plan de infraestructuras educativas. El objetivo es captar fondos del Plan Juncker y privados, con una fórmula que permita que este tipo de financiación no compute en la deuda autonómica.
Es, precisamente, en la definición de cómo articular y garantizar este punto en la que se encuentran, actualmente, trabajando los expertos financieros y legales de la Administración, según Santa Isabel.
"Es la primera vez que se recurre a este tipo de vehículo y está costando mucho trabajo y tiempo ponerlo en marcha, pero, una vez que esté definido y se aplique en la práctica, podrá extenderse a otro tipo de infraestructuras, como sanitarias o de justicia. Es una puerta que hay que abrir", asegura.
En otros ámbitos, ya se están dando pasos en esta dirección. Por ejemplo, la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje (LOTUP) incorpora la posibilidad de trabajar con operadores privados en el ámbito de la rehabilitación.
Principales líneas de actuación
--Transportes:Es el área con más dotación, con obras de gestión de la capacidad, con 9.050,8 millones; mercancías y logística, con 1.706 millones; accesibilidad a ciudades, con 1.369,9 millones, y redes secundarias, con 256,3 millones.
--Urbanismo: Se invertirá en integración urbana -2.010,5 millones-, movilidad urbana -1232 millones- y rehabilitación -256,3 millones-.
--Agua: La inversión es para regulación de recursos hídricos, con 535,9 millones; tratamiento, con 465,9 millones; distribución, con 370,3 millones, y abastecimiento, con 336,6 millones.
--Mantenimiento: Se contemplan 1.450,6 millones para carreteras, aguas y redes de metro y cercanías.
--Sociales: Educación centra 895,2 millones, seguida por justicia, con 240,4 millones, y salud y bienestar, con 172,1 millones.
--Medio ambiente: Regeneración de playas y espacios, con 537 millones.
--Energía: Obras de conexiones energéticas, por 458,8 millones.
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