Alicante busca activamente uno o más inversores que den viabilidad a uno de los proyectos considerados estratégicos para el futuro desarrollo económico de la región por sus instituciones y organizaciones empresariales: una zona franca. El objetivo prioritario es encontrar una o varias multinacionales interesadas en beneficiarse de las especiales condiciones fiscales y aduaneras de este tipo de recintos y que actúen como tractoras de otros proyectos industriales y logísticos en la zona, en línea con el modelo implantado con éxito en otros puertos, como el de Vigo -con PSA Peugeot Citroën- o el de Tánger -con el grupo Renault-. | Puede leer el reportaje completo, así como otras noticias, análisis y entrevistas en la revista digital elEconomista Comunitat Valenciana.
El estudio de viabilidad del proyecto, elaborado por la consultora PwC por encargo de la Diputación de Alicante, apunta, asimismo, a la participación de un fondo de inversión o una socimi -sociedad cotizada anónima de inversión en el mercado inmobiliario- especializados, para el desarrollo de la zona de actividades logísticas (ZAL) contemplada, así como a la implicación de los operadores logísticos, compañías navieras y cargadores. Entre los primeros, PwC hace mención expresa a Merlin Properties y GreenOak, y entre los operadores logísticos, recoge a KN, DHL, Sinotrans, DB Schenker y Panalpina, "que tienen más del 40 por ciento de cuota de mercado en España, donde también son relevantes los operadores locales".
Los promotores del proyecto tienen como objetivo la identificación del necesario inversor antes del verano, para definir si procede o no iniciar los trámites para poner en marcha esta zona, que, por su complejidad, pueden demorarse más de cuatro años. Entre otros, debe recibir el visto bueno de los Ministerios de Hacienda y de Fomento.
Fuentes del sector empresarial alicantino apuntan que ya hay, al menos, tres potenciales inversores estudiando la propuesta, todos ellos internacionales. Solo ha trascendido la identidad de uno, el grupo chino Ying Tai Holding, que se mostró, ya hace meses, dispuesto a destinar 27 millones para hacer realidad esta zona.
PwC apuesta por la colaboración público-privada y recuerda que existen mecanismos europeos de financiación que pueden apoyar en las distintas fases de desarrollo. En concreto, menciona el programa CEF -Connecting Europe Facility, centrado en ayudas en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía y dotado con 8.000 millones-, que ha financiado proyectos similares en España en diferentes fases -estudios, planes e inversión física-.
700.000 m2 de suelo
Para facilitar las negociaciones, los promotores del plan han dejado margen de adaptación a las necesidades específicas del potencial inversor. Aunque inicialmente se barajaban varias zonas, PwC apuesta por sumar a los terrenos del Puerto -135.000 metros cuadrados- suelo de Alicante y del polígono Porta d'Elx. En total, unos 700.000 metros cuadrados, de uso industrial y logístico. Esto supondría, según PwC, superar la oferta de este tipo de suelo de las principales áreas -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza-. Su desarrollo se abordaría por fases.
En cuanto a su competitividad en precio, el estudio detalla que "ubicaciones como Valencia o Málaga, asimilables a Alicante, ofrecen suelo a precios de entre uno y cinco euros por metro cuadrado al mes de alquiler y entre 50 y 300 euros por metro cuadrado en compra".
Sectores maduros y emergentes
Las zonas francas ofrecen una serie de atractivos -fiscales, aduaneros y reducción de trámites administrativos- que facilitan la atracción de inversión, la concentración industrial y el encadenamiento productivo -de proveedores y fabricantes-, generando sinergias. A ello se suma que daría un importante impulso al tráfico del puerto, que en 2016 alcanzó 3,4 millones de toneladas.
La consultora detalla que, en la provincia de Alicante, "las principales empresas se engloban en los sectores de transporte, construcción, textil y consumo, lo que facilitaría el encadenamiento productivo con inversores en esos sectores. Igualmente, se identifican una serie de sectores emergentes cuya implantación dispondría de apoyos por parte de las instituciones estatales y europeas, enfocados a nuevas tecnologías, energías renovables y movilidad sostenible". Entre los ámbitos de mayor interés, menciona la robótica, biotecnología, nanotecnología, nuevos materiales y automoción.
Un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) concluye que el proyecto requeriría de una inversión inicial de 25 millones de euros y supondría la generación de unos 14.836 empleos en diez años -con más de 90.000 puestos de trabajo creados en una década, entre directos, indirectos e inducidos, según el presidente de la Diputación, César Sánchez-, y una facturación anual de 1.225 millones. Los derechos arancelarios ascenderían a 36,7 millones al año, los impuestos estatales, a unos 321 millones y los municipales, en torno a los 10 millones de euros, según el estudio.
"A todos los empresarios nos interesa este tipo de proyectos, pero hay que ser realista. Si tenemos una empresa tractora, funcionará y funcionará rápido. Si no, no se justifica. Confiamos en que es viable y en ello estamos trabajando desde la patronal, asociaciones e instituciones de la provincia", detalla Francisco Gómez, presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa).
La posición, factor competitivo
De prosperar, la zona franca de Alicante sería la séptima de España -junto a las de Gran Canaria, Tenerife, Sevilla, Cádiz, Barcelona, Vigo y Santander-. Además de la disponibilidad de suelo para uso industrial y logístico en la provincia, un factor diferencial en términos competitivos respecto al resto de estos recintos es la posición geoestratégica del puerto alicantino, que refuerza su interés como nodo de conexión intermodal y enlace comercial con países extracomunitarios, especialmente del norte de África. "El Puerto debería especializarse en rutas -Canarias, África y Oriente Medio- y productos definidos, donde dispone de ventajas competitivas", subraya PwC.
En esta línea, el estudio de la consultora señala que el proyecto de zona franca en Alicante, combinada con una zona de actividades logísticas, encaja con la Estrategia Logística de España -en la que se incluye, como uno de los proyectos clave en Levante, la ZAL de Alicante- y en la Estrategia de Movilidad Sostenible -que apuesta por la intermodalidad total-. Igualmente, el proyecto está en línea con el Plan de Reindustrialización de la Comunidad Valenciana 2017-2019.
PwC indica que se está trabajando en planes similares en Valencia, Cartagena y Murcia, por lo que, "para garantizar el éxito de una zona franca en Alicante, resulta imperativo avanzar rápidamente".
Uno de los puntos débiles del proyecto es la necesaria inversión en infraestructuras de conectividad. Si bien la zona de Porta d'Elx tiene conexión con la autopista, carece de red ferroviaria. El informe de la consultora estima en unos 18 millones de euros la dotación necesaria para construir un ramal que conecte con el corredor de alta velocidad y otros cuatro millones para construir una terminal de mercancías.
Desde un punto de vista más general, se advierte de que el trazado inicial del Corredor Mediterráneo no contempla la conexión con el puerto alicantino, así como la necesidad de mejorar los accesos por carretera con las instalaciones aeroportuarias.
Necesaria implicación institucional
PwC advierte de que la complejidad de los trámites y la demora en tiempos supone, en inicio, más de cuatro años para la puesta en marcha del proyecto de zona franca. Entre otros trámites, la propuesta debe recibir el visto bueno de los Ministerios de Hacienda y Fomento. Para conseguir este objetivo, es fundamental la implicación y apoyo de todas las instituciones públicas y privadas de la región.
El proyecto cuenta con el respaldo unánime del tejido empresarial, de la Diputación de Alicante -principal impulsora-, de los Ayuntamientos de Alicante y Elche, de la Autoridad Portuaria y del Estado -que ha mostrado su apuesta por la zona franca a través del subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval-.
En cuanto a la Generalitat Valenciana, no ha definido claramente su postura al respecto, si bien el conseller de Economía, Rafael Climent, ha asegurado que, si cuenta con el respaldo de los Ayuntamientos de Alicante y Elche y de los actores económicos de la provincia, lo apoyará.
"El hecho de que el proyecto esté capitaneado por la Diputación -del PP- ha generado ciertos roces con la Generalitat -dirigida por una coalición entre el PSPV y Compromís-. Este tipo de proyectos, positivos para la economía regional en general, no deben politizarse, porque los que salimos perjudicados somos los empresarios y los ciudadanos", advierte Gómez.
