Comunidad Valenciana

La CEOE respalda el proyecto de nueva patronal autonómica valenciana liderado por Salvador Navarro

De izq. a dcha., Antonio Garamendi, Salvador Navarro, Juan Rosell, José Vicente González, Juan Pablo Lázaro y Ana Plaza.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, y los vicepresidentes de la patronal nacional, José Vicente González, Juan Pablo Lázaro y Antonio Garamendi, han mostrado hoy su respaldo a la propuesta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de convertirse en la nueva patronal autonómica de la Comunitat Valenciana, así como a las líneas generales del proyecto planteado por su presidente, Salvador Navarro. En el encuentro ha participado, también, la secretaria general de CEOE, Ana Plaza.

Navarro se ha reunido, en Madrid, con la cúpula de la patronal nacional para trasladarle de primera mano las líneas maestras del nuevo modelo de organización, que arrancará este viernes cuando la asamblea de la CEV apruebe la modificación de su ámbito de actuación, de provincial a autonómico.

La Confederación Empresarial Valenciana, fundada en 1977, dará, así, el primer paso para cubrir el hueco que dejará la desaparición de la actual patronal autonómica, Cierval, abocada a la liquidación, tras 36 años de historia, por los problemas financieros y de gestión en las asociaciones de Alicante (Coepa) y Castellón (CEC). "Debemos olvidar viejos modelos, que, como se ha demostrado, ya no funcionan", afirma Navarro.

La confederación valenciana pone sobre la mesa una reforma en profundidad, que parte de la total refundación de los principios y sistemas de gobierno y gestión, para configurar un proyecto "sólido, viable e integrador", rompiendo con las ineficencias que han llevado al colapso al modelo actual: la dependencia de fondos públicos y las irregularidades en su gestión -investigadas judicialmente en Alicante y Castellón-; el excesivo personalismo y rivalidad interna entre las organizaciones provinciales -representantes, en exclusiva, de los intereses de empresas y sectores asociados-, y la ausencia de instrumentos de control y buen gobierno capaces de detectar los problemas y actuar en consecuencia.

Frente a ello, Navarro apuesta por replicar en la nueva patronal los principios de gestión que han regido en los últimos años en la CEV, gracias a los cuales es, hoy en día, la única de las organizaciones provinciales solvente y saneada. En esta línea, plantea la representación directa de empresas y sectores, la independencia económica respecto a los fondos públicos, la configuración de sistemas internos de control y la aplicación de los principios de buen gobierno como pilares sobre los que se construirá la nueva patronal. La mayor parte de la estructura de carácter técnico y administrativo se concentrará en la organización autonómica, de modo que las estructuras provinciales "serán mínimas, evitando duplicidades y costes inasumibles", indica Navarro.

Independencia financiera

"Una organización que tiene como fin defender los intereses empresariales, no puede depender de fondos públicos", defiende Navarro, que cree que tienen que ser las aportaciones de la base asociativa las que hagan sostenible y viable la organización. En este sentido, se contempla la expulsión de los socios que incumplan los pagos.

El presupuesto para 2017, que se aprobará también el viernes, asciende a 1,78 millones de euros, de los que 1,08 millones -el 60,7 por ciento, procederá de las aportaciones privadas y 700.000 euros -el 39,3 por ciento- serán fondos públicos. De éstos, 500.000 del Fondo de Participación Institucional, pese a que la patronal autonómica puede optar a un total de 2,6 millones-.

Representación directa

Actualmente, la asamblea de Cierval se reparte entre la CEV, con un 42 por ciento; Coepa, un 32 por ciento, y la CEC, con un 26 por ciento. El nuevo modelo plantea una representación directa de sectores empresariales y empresas de las tres provincias y en el que ningún miembro de la organización podrá concentrar más del 30 por ciento de la misma. En concreto, las asociaciones sectoriales, comarcales y colegios tendrán en torno al 70 por ciento de la asamblea, mientras que las empresas directamente asociadas no superarán el 30 por ciento.

El principio a aplicar en la toma de decisiones será de una cuota, un voto.

Se convocarán elecciones para elegir al presidente de la patronal autonómica, una vez los estatutos de la nueva organización estén cerrados. Se limitan los mandatos a un máximo de dos, de cuatro años de vigencia cada uno.

Consejos provinciales

El proyecto de nueva patronal autonómica no atribuye a Coepa y CEC el papel de representantes empresariales provinciales. En cada una de las tres provincias, se constituirá un consejo empresarial, que dará cobertura a las cuestiones específicas de cada territorio y actuará como representante e interlocutor. Su composición y presidencia será votada, directamente, por los empresarios de esa zona.

En el caso de Coepa, sus responsables han apuntado su intención de mantener su estructura y operativa propia como patronal de la provincia de Alicante, una vez ha superado el concurso de acreedores, mientras que, en el de la CEC, la situación es más compleja y dependerá de la evolución y resultado de los procesos judiciales por presunto fraude en subvenciones públicas.

Los consejos provinciales no efectuarán aportación económica y, al no tener cuotas, no tendrán voto en la asamblea. No obstante, sí compartirán peso con los sectores en el consejo de la patronal: de las seis vicepresidencias, tres las ocuparán sectores -previsiblemente, metal, cerámica y turismo, por su peso en cada provincia- y las otras tres, los consejos provinciales.

Las reuniones del comité ejecutivo y la junta directiva se harán de forma itinerante. Además, se crearán comisiones de trabajo y comisiones asesoras en materias de interés económico o social, cuyas reuniones serán convocadas en las localizaciones que se estime conveniente.

Código de buen gobierno

La patronal contará con un código ético y de buenas prácticas, bajo control de una comisión asesorada por la Fundación Étnor, especializada en estas materias. En el caso de incumplimientos, la comisión de buen gobierno evaluará la situación y propondrá a los órganos de gobierno las medidas a adoptar. Entre ellas, está la expulsión del socio infractor.

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