La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha retomado los registros en el marco de la investigación por la presunta trama de financiación irregular del PP en Valencia. Los agentes han acudido, en los últimos dos días, a dos fundaciones vinculadas al Ayuntamiento valenciano, Turismo Valencia e Inndea, a las que podrían sumarse otras en los próximos días, según fuentes vinculadas a la investigación.
Estas actuaciones se enmarcan en la pieza del 'Caso Imelsa' que investiga la financiación de la campaña para las elecciones municipales de 2007, en la que resultó ganadora Rita Barberá. La información manejada por los investigadores apunta a que el partido gastó más de tres millones de euros en la misma, frente a los 150.000 declarados oficialmente. Los agentes han solicitado, entre otra, documentación y contratos de las fundaciones con la agencia de comunicación Laterne, a la que contrató el PP para gestionar la campaña.
Los hechos apuntan hacia el exvicealcalde, Alfonso Grau, máximo responsable de Turismo Valencia en ese momento, así como del contrato con Laterne.
Los registros han coincidido con la declaración ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano del exconcejal y ahora diputado autonómico, Miquel Domínguez, por su presunta vinculación en el blanqueo investigado en el grupo municipal del PP. Domínguez, al igual que hizo Barberá, admitió haber donado 1.000 euros para la campaña electoral de 2015, pero negó que le fuesen devueltos en billetes de 500 euros.
En esta causa, declaró como testigo la exconcejal de Cultura María José Alcón, casada con Grau. Alcón desmintió la versión que había mantenido hasta ahora, que confirmaba el blanqueo, y afirmó que la grabación de una conversación con su hijo en la que admite esta operativa se produjo mientras estaba ingresada en un sanatorio, medicada por una depresión, por lo que no sería consciente de lo que decía.
