Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), es uno de los principales expertos nacionales en ámbitos como el crecimiento económico, la competitividad, la economía regional, la economía de la educación y la economía pública. Ha participado en centenares de publicaciones -libros, artículos e informes-, actividades docentes, seminarios y conferencias organizadas por instituciones, universidades y centros de investigación en todo el mundo. Pérez será el representante de la Generalitat Valenciana en la comisión de expertos para la reforma del modelo de financiación autonómica, una de las reivindicaciones prioritarias del Gobierno valenciano. (Para leer esta entrevista completa, así como otras noticias, reportajes y análisis, puede acceder en este link a la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
¿Qué principios debe garantizar y sobre qué bases debe construirse ese nuevo modelo de financiación?
La reforma de 2009 tenía como primer objetivo el refuerzo del Estado del Bienestar, pero, no sólo no se ha reforzado, sino que las comunidades autónomas han tenido que hacer ajustes muy importantes durante la crisis y el gasto real per cápita en servicios públicos fundamentales se ha reducido entre un 15 por ciento y un 20 por ciento. En los últimos años, se ha afrontado la corrección del déficit más por control de gastos que por incremento de ingresos y eso tiene consecuencias. El nuevo modelo debe solucionar esta insuficiencia financiera global de las regiones. El punto de partida debe ser un diagnóstico de la situación actual y de cuál debe ser el resultado final. El Estado de las Autonomías no ha conseguido, en 30 años, una asignación justa y eficiente de recursos entre las regiones ni entre éstas y la Administración central para cubrir sus funciones de proveedores de servicios fundamentales -educación, sanidad, servicios sociales,...- garantizando la igualdad de acceso entre todos los territorios y de fomento del desarrollo económico. Tenemos un Estado descentralizado muy desigual. En el caso de la Comunitat Valenciana, de manera permanente hemos contado con menos recursos que la media y muy por debajo de las regiones con mejor situación. Mantener la educación y la sanidad a un nivel parecido a la media apenas deja recursos para otras necesidades -por ejemplo, la atención a dependientes, en la que estamos un 40 por ciento por debajo de la media- y lo que queda para fomento del desarrollo económico -inversión en planes industriales, innovación, infraestructuras,...- es casi un 30 por ciento inferior. El primer objetivo es que esas desigualdades injustificadas se eliminen, para lograr un reparto de recursos equitativo en función de la población de cada comunidad y de sus necesidades. Este criterio no ha sido cumplido ni por el actual ni por los anteriores modelos. Además, de la comparación entre el impacto de la crisis en servicios fundamentales y lo que ha ocurrido con las pensiones, protegidas por el fondo de reserva -lo que ha evitado tensiones personales y sociales que sí han sufrido otros países, como Grecia-, podemos extraer una lección que debemos llevar bien aprendida a la hora de definir el nuevo modelo de financiación. Se actuó de forma prudente y se dotó a ese fondo, que se ha utilizado para lo que estaba previsto y que tendrá que reponerse. Habría que aplicar una fórmula similar a los servicios fundamentales, acumulando reservas. Esto implica gastar de manera prudente, respetando ciertas reglas, para poder ahorrar el exceso y tener un colchón en periodos de dificultad. Esto es aplicable tanto para las comunidades como para los países.
En los últimos años, ha habido muchos ejemplos de mal uso y gestión de fondos públicos. ¿Cómo pueden evitarse estos casos en un contexto de mayores recursos?
Es necesario aumentar los recursos para ser tratados con justicia, pero también administrarlos prudentemente. Me preocupa que ciertas decisiones de gasto se adopten sin estar valoradas de manera que se pueda garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Hay que garantizar una adecuada priorización de inversiones. Por ejemplo, si invierto en infraestructuras ferroviarias en un tramo con escaso tráfico de pasajeros y mercancías en lugar de en otro con mucha mayor densidad e impacto -en referencia al Corredor Mediterráneo-, no lograré el mejor aprovechamiento. Esto se aplica también al sector privado. Cualquier recurso mal o insuficientemente aprovechado significa un mal gasto. Las políticas e inversiones públicas deben de ser evaluadas 'ex ante' y 'ex post', de manera que se tomen sobre análisis y criterios sólidos y sostenibles y que, una vez aplicadas, se compruebe si han tenido las consecuencias deseadas y, si no es así, se revisen. Aunque se están haciendo los deberes, se tiene que convertir en una práctica habitual. Tenemos mucho que mejorar en España en este sentido.
Mientras, la deuda de la Comunitat Valenciana sigue creciendo y lidera el ranking de endeudamiento sobre el PIB. ¿Cuál será el planteamiento respecto a la deuda vinculada a la infrafinanciación?
La parte de la deuda generada como consecuencia de la infrafinanciación tiene que ser negociada y está justificado plantear una condonación. El problema de fondo es la viabilidad financiera de la Comunitat. Ahora funciona por la respiración asistida del FLA, porque, si tuviésemos que acudir al mercado, no tendríamos acceso a los recursos. Hay que analizar las causas y definir las vías para lograr esa viabilidad.
Junto al cambio del modelo de financiación, expertos en economía y empresarios plantean la necesidad de una reforma fiscal y laboral. ¿Comparte este planteamiento?
Sobre la necesidad de reformas existe un gran consenso. Son cuestiones incómodas de abordar, pero más vale hacerlo cuando hay margen de maniobra. Las reformas siempre van a depender del sentido común de quien tiene la responsabilidad de favorecerlas, no sólo las fuerzas políticas, sino también los agentes sociales. España tiene un problema fiscal importante cuando se compara con otros países europeos: genera pocos ingresos. Nuestro déficit es consecuencia de esos ingresos bajos, no de que gastemos más que otros países en porcentaje respecto al PIB. Los ingresos cayeron mucho durante la crisis y sólo se ha recuperado una parte, mientras que las necesidades derivadas de los servicios públicos se mantenían o crecían. A ello contribuye, por un lado, el impacto del fraude y, por otro, la diferencia entre tipos nominales y efectivos, por la aplicación de beneficios fiscales. Hay que mantener sólo los que se justifiquen por su finalidad y afrontar el debate sobre el reparto de las cargas tributarias. Los sistemas fiscales son complejos, resultado de la combinación de previsiones y decisiones, y revisarlos no es fácil, pero hay que hacerlo, por razones de prudencia, equidad y eficiencia. Todos los intereses son respetables, pero hay que mejorar la situación si estamos de acuerdo en que hay que alcanzar la estabilidad financiera. Mientras continúe el déficit, seguirá creciendo la deuda y esto supone más costes y dificultad de acceso a recursos.
En el ámbito laboral, la reforma del PP ha contribuido a generar empleo, pero con un efecto no deseable: parte de él es precario y hay una alta tasa de temporalidad. Estos problemas deben afrontarse. La temporalidad, debería limitarse a los empleos que verdaderamente tengan una naturaleza temporal. La dualidad en el coste del despido propicia esta situación. Hay que intentar que desaparezca para que las empresas no huyan de los contratos fijos por miedo a las consecuencias que de ellos se pueden derivar.
Además, hay que garantizar que el sistema educativo forme personas con conocimientos y habilidades que les permitan aprovechar sus oportunidades en el mundo profesional -gestionar, innovar, usar las nuevas tecnologías,...-. Está demostrado que una mejor formación tiene su traducción en estilos de vida más saludables y una mayor participación en la vida social y política.
En este contexto, ¿es posible el cambio de modelo productivo que busca la Generalitat Valenciana?
El cambio de modelo productivo ya está aquí y se está produciendo todos los días. Ya hay una parte del tejido empresarial que está en ese nuevo modelo: empresas competitivas y que tienen las características que, en promedio, sabemos que funcionan mejor, tanto en los nuevos sectores de actividad como entre los tradicionales. Entre esas características están un mayor peso del conocimiento, del capital humano cualificado -en el caso de la Comunitat Valenciana, más de un 30 por ciento de los ocupados ya cuentan con estudios universitarios, pero este porcentaje está aún muy lejos del de regiones más avanzadas de Europa y de España, como Madrid, donde supera el 50 por ciento-. Cuando el tejido productivo ofrece puestos de trabajo para los que se necesita cualificación, se aprovechan mejor los recursos humanos. Si no los ofrece, o no se aprovechan esas capacidades o los cualificados se van a otras regiones donde sí los hay. En cualquier caso, hay una pérdida de talento. Otro aspecto es contar con capital tecnológico y, al igual que ocurre con el humano, aprovechar bien sus capacidades para generar valor añadido. Junto a ello, está también la capacidad de liderazgo y adaptación de las personas que dirigen las empresas. Hace unos meses elaboramos un estudio sobre la competitividad de la Comunitat, que reflejaba algunas debilidades, como un gran peso de las microempresas -de menos de diez trabajadores-; perfiles menos intensivos en capital humano y tecnológico; menos especialización, y menos presencia de grandes empresas tractoras, frente a otras regiones como Madrid, Cataluña y País Vasco. La importancia de grupos como Ford o Mercadona no es sólo lo que hacen, sino lo que impulsan a hacer a sus proveedores. Por supuesto que imponen unas condiciones duras, pero les hacen viables, mejorando su eficiencia e innovando constantemente. ¿En qué posición estaría la Comunitat Valenciana si en vez de un 15 ó 20 por ciento de empresas en niveles altos de competitividad tuviese un 35 por ciento? El reto es seguir avanzando en ese camino, aplicando las mejores prácticas.
El sector inmobiliario empieza a dar signos de recuperación. ¿Corremos el riesgo de caer en los errores del pasado?
No se dan las circunstancias que hicieron que se cometieran los excesos en el pasado que llevaron a la burbuja inmobiliaria. Se invirtió en un activo no por productividad, sino buscando únicamente ganancias de capital, de forma especulativa. No podía y no podrá tener la dimensión que alcanzó.
Las fórmulas de colaboración público-privada han suscitado posturas enfrentadas en el seno del Consell. ¿Qué papel cree que debería jugar?
En principio, soy partidario de las fórmulas de cooperación público-privada, pero no con el objetivo de la obtención de beneficios si esos beneficios no son consecuencia de una mayor eficiencia en el uso de los recursos -mayor calidad con un coste razonable- y con respecto al objetivo de equidad o igualdad de oportunidades de acceso a los ciudadanos, con independencia de su condición socioeconómica. Hay que analizar cada caso concreto y las experiencias previas, para inspirarse en las buenas y evitar las negativas. Cualquier error, evitable o no, tiene costes. Hay casos criticables -como el de las radiales-, pero también ejemplos de buenas prácticas.
Valencia se ha consolidado como uno de los principales centros para emprendedores en España. ¿Existe el riesgo de que se genere una burbuja de emprendimiento?
Veo con muy buenos ojos esta tendencia, pero hay que ser conscientes de que sólo una parte de esos proyectos va a sobrevivir. El reto es que ese porcentaje sea cada vez mayor, apostando por ideas viables. En las ciudades donde hay hubs de actividades emprendedoras, creativas y de alto contenido tecnológico, se genera un efecto arrastre sobre el resto del tejido económico, con más servicios y más comercio, al mejorar la calidad del empleo.
¿Podemos dar por concluida la crisis económica?
Vemos luces y sombras. La mejora de la competitividad, la creación de empleo, el saneamiento financiero de las empresas, el crecimiento del negocio exterior,... son muy buenas noticias. Pero también hay aspectos que hacen que no esté justificado decir que hemos salido de la crisis: tenemos altas tasas de paro -en torno al 20 por ciento y muy por encima en el segmento más joven- y no hemos resuelto el problema de la productividad. Se han logrado mejoras, pero por un camino no deseable, con destrucción de empleo. El reto es mejorar la productividad al tiempo que se crea empleo.
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