María Luisa Segoviano, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, arrojó ayer luz sobre la situación de los trabajadores de las concesiones sanitarias que la Generalitat Valenciana quiere devolver a gestión pública directa. El traspaso a la Administración de la infraestructura hospitalaria y todos los elementos o sistemas a ella vinculados -desde equipamiento sanitario hasta técnico o informático- supone una sucesión de empresa, que conlleva implícita la subrogación de los trabajadores en plantilla, según explicó la juez en la jornada 'Consecuencias laborales de la reversión de la gestión de servicios públicos por las Administraciones Públicas en el ámbito de la colaboración público-privada', organizada por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y Broseta Abogados.
"Los tribunales de España y de la Unión Europea han determinado que la Administración no tiene privilegios a la hora de aplicar la legislación laboral, sino que es igual a cualquier otro empleador", indicó. En esta línea, apuntó que la normativa establece que, "por el mero hecho de continuar una actividad, no hay sucesión de empresa y no tiene obligación de asumir sus obligaciones y trabajadores. Pero si no sólo continúa la actividad, sino que recibe bienes, materiales o inmateriales, sí tiene obligación de subrogarse en los derechos y obligaciones de la contrata, incluidos los trabajadores", explicó.
Segoviano expuso las resoluciones judiciales en diversas situaciones análogas, sobre la base del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, así como el contenido de la Directiva europea 2001/23.
En el caso concreto de las concesiones sanitarias, hay otro factor que avala la continuidad: la cualificación de los trabajadores, sin la que no puede garantizar la actividad.
Segoviano apuntó, asimismo, que "si hay sucesión de empresa, los trabajadores van con su mochila y su convenio, hasta que se extinga". De esta manera, se pronunció sobre las objeciones de la Generalitat al convenio aprobado por los trabajadores del Departamento de Salud de Alzira, gestionado bajo concesión por Ribera Salud, porque su contenido fija la subrogación de plantilla por la Administración y tiene vencimiento al cierre de 2018, nueve meses después de la expiración de la concesión.
El Departamento de Alzira es el primer afectado por la decisión del Gobierno valenciano de poner fin al sistema de concesiones sanitarias. La Generalitat ya ha hecho pública su decisión de no prorrogar la concesión, que finaliza en marzo de 2018. Este departamento da cobertura a unas 256.000 personas y cuenta con unos 2.100 trabajadores en plantilla, de los que unos 300 son personal estatutario -funcionarios- y los otros 1.800, personal laboral.
Relación contractual
La Conselleria de Sanidad aún no ha definido la fórmula bajo la que abordará la reversión al sistema público de las concesiones sanitarias. La Administración puede constituir una empresa pública o una fundación pública sanitaria. Tampoco ha aclarado la relación contractual que se mantendrá con la plantilla no estatutaria.
Segoviano también se pronunció a este respecto. "La Administración tiene la obligación de contratar personal a través de procesos públicos que garanticen la publicidad, concurrencia y los principios de igualdad, mérito y capacidad", apuntó. "El personal que no tiene plaza podría continuar como indefinido no fijo y mantenerse así hasta que la plaza se cubra reglamentariamente. Si se cubre, tendría que indemnizar al trabajador, con la antigüedad que tenga. Sería un despido objetivo, con una indemnización de 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades", detalló.
"Podría darse el caso de que nunca se sacase a concurso esa plaza y continúe trabajando como indefinido no fijo", completó.
Análisis de consecuencias
"El rescate de las concesiones requiere de una adecuada planificación, porque hay unas consecuencias patrimoniales y a nivel de gestión, financiero, tecnológico y laboral. En una situación de déficit económico y presupuestario, la Administración debe tener en cuenta todo ello al tomar estas decisiones", advirtió Fernando Cacho, socio del área de Derecho Público de Broseta Abogados.
En esta misma línea se pronunció la directora-gerente de la CEV, Inmaculada García, que destacó la aportación de la cooperación público-privada a un modelo eficiente de prestación de servicios y planteó la necesidad de "un estudio riguroso de lo que para el ciudadano supone revertir este modelo".
