José Vicente González (Valencia, 1946) lidera, como presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), el proceso de reforma del sistema de patronales en la región, que espera culminar antes de que acabe el año. (Puede leer la entrevista completa y otros reportajes, noticias y análisis en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
Perito industrial y Master en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, González preside GH Electrotermia y GH Group desde 1961 y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en instituciones y asociaciones sectoriales. Llegó a la presidencia de Cierval en julio de 2011, tras 6 años al frente de la patronal de la provincia de Valencia. Es vicepresidente de la CEOE y está presente en consejos y patronatos de varios organismos e instituciones.
Los problemas financieros y legales en las patronales de Alicante (Coepa) y Castellón (CEC) han precipitado un proceso de revisión del modelo autonómico que usted ya había planteado desde hace años.
El modelo actual está agotado, y así se ha demostrado. No se pretende llegar a la unidad, sino a un modelo con una estructura principal de carácter autonómico, más ágil y eficiente, pero en la que los intereses provinciales estén representados, ya que hay cuestiones que son provinciales y que desde dentro se ven mejor. El plan contempla que Cierval y CEV se fusionen. El balance de Cierval está muy deteriorado, por las deudas de Coepa y la CEC, y los recursos disponibles están muy limitados. Uniéndose con la CEV, el balance quedará saneado. Estamos trabajando en la manera de abordar el proceso y definir el modelo y su funcionamiento, buscando el equilibrio y con la máxima flexibilidad, y conseguir el consenso necesario para avanzar. Uno de los objetivos es un acceso más directo de empresas y asociaciones, sin intermediarios provinciales. Están siendo semanas de trabajo intensas y, en algunos casos, estamos pendientes de temas legales. El objetivo es tener una estructura saneada y eficiente, y que el proceso se cierre antes de fin de año o, si no es posible, con efectos retroactivos a 31 de diciembre.
La economía valenciana ha crecido a ritmos superiores a la nacional en los últimos trimestres, pero están apareciendo signos de ralentización.
No hay que exagerar; crecemos a un ritmo más lento que el año pasado -tres o cuatro décimas por debajo-, pero ya sabíamos que iba a pasar. El año 2015 registramos avances importantes. Ahora, los principales indicadores muestran una ralentización del crecimiento, tanto en la Unión Europea como en el mundo en general, incluso en los mercados emergentes. A pesar de este contexto, las expectativas para la Comunidad Valenciana son de un crecimiento cercano al 3 por ciento este año, lo que no está nada mal. Y es importante que somos capaces de crear empleo de forma significativa, aunque no al mismo ritmo que el año pasado. La exportación está yendo muy bien, con crecimientos bastante por encima del resto de España. Tenemos un índice de cobertura de en torno al 120 por ciento, muy por encima del nivel del 90 por ciento de media nacional. Hemos adelantado a Madrid y nos hemos consolidado como segunda región más exportadora. Lo importante es que hemos salido de la recesión y continuamos creciendo. Lo cierto es que, pese a las limitaciones derivadas de la infrafinanciación, las escasas inversiones, no tener ayudas económicas y, además, sufrir la losa de la mala reputación por los casos de corrupción, las empresas valencianas están exportando más que las españolas. Será que algo tenemos que no tienen las demás. Si, simplemente, nos encontrásemos en las mismas condiciones que las demás, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería la evolución? Sin duda, sería mucho mejor.
¿Qué plantearía al Gobierno central para resolver esa desigualdad?
No pedimos que se inviertan las mismas cantidades en valor absoluto que en los años de vino y rosas, porque es imposible, pero sí que se invierta en función de nuestra población y de la aportación de la Comunidad al PIB nacional. La financiación de la Comunidad es un desastre, absolutamente injusta, y el trato que recibimos del Gobierno central en cuanto a inversiones es intolerable. A pesar de que tanto la población como el PIB son aproximadamente el 10 por ciento del total nacional, las inversiones del Estado, en la región no llegan ni al 5 por ciento. Y eso es la cantidad presupuestada; la realmente ejecutada, se queda en la mitad. La situación es de un evidente maltrato del Gobierno central hacia la Comunitat Valenciana. Por poner un ejemplo, mencionaría la inversión anunciada por el Ministerio de Fomento en el Puerto de Barcelona. No queremos que nadie nos regale nada, pero sí competir en igualdad de condiciones. La entrada al Puerto de Valencia la paga el Puerto de Valencia, y la de Barcelona la paga el Estado. Luego, cuando protestamos, nos acusan de ser unos quejicas y no nos hacen caso. Siempre recibimos buenas palabras de Fomento, pero siempre volvemos con las manos vacías. Vamos a seguir insistiendo, porque no nos queda otra. Algunas comunidades autónomas reciben más de lo que les corresponde: si la valenciana recibe un 2,5 por ciento real, alguna región se está llevando un porcentaje que no equivale a su peso en el PIB. Además, si vemos el mapa de infraestructuras, es radial, todo tiene que pasar por Madrid. Es absurdo que la segunda, tercera y quinta ciudades de España no estén comunicadas por AVE y sí León o Zamora.
El Estado alega que se está dando apoyo financiero extra a la Comunitat con instrumentos como el FLA y que el origen de la falta de recursos y la deuda histórica está, en su mayor parte, en la gestión.
La infrafinanciación está en el origen de gran parte de la generación de deuda de la Comunitat, que supera ya los 43.000 millones de euros. Una parte nos corresponde a los valencianos, porque votamos a unos Gobiernos que hicieron cosas que no deberían haber hecho. Esa parte la tenemos que pagar. Pero la parte que corresponde a la infrafinanciación, no tenemos que pagarla, porque nos la deben. El funcionamiento del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es una trampa: nos tenían que haber dado 1.000, no nos los dan y nos ofrecen la aportación del FLA; el resultado es que pasamos de que nos tenían que pagar 1.000 a que los que debemos 1.000 somos nosotros. La realidad es que la renta per cápita es en la región un 12 por ciento inferior a la media nacional.
¿Cuál es el balance que hace Cierval del equipo de Gobierno de la Generalitat tras 16 meses?
No es justo juzgar lo que está haciendo el Gobierno de la Generalitat sin tener en cuenta las condiciones en las que lo está haciendo. En este contexto, pedimos insistentemente a la Generalitat que actúe, pero somos conscientes de la realidad: no podemos pedir que quite dinero de Sanidad o Educación para destinarlo a las empresas que exportan. El dinero está justo para cubrir los servicios básicos y no pueden abordarse medidas necesarias con efecto dinamizador sobre la economía. Hay cosas que se están haciendo bien, como la apuesta por la innovación -con el Consejo y la Agencia Valenciana de Innovación-, porque para cambiar el modelo productivo es clave la creación de valor añadido, con participación del sector público y del privado. También la apertura del Consejo de Turismo a la participación de las empresas, que será del 50 por ciento. Es una medida de sentido común.
Pero también hay otras cosas que han hecho o que tienen intención de hacer con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, con la negativa a la cooperación público-privada en ciertos ámbitos, que no entendemos. Estas fórmulas de cooperación son fundamentales, especialmente en un momento en el que la Generalitat no tiene recursos suficientes. Personalmente, soy un decidido defensor de que tanto la educación como la sanidad tienen que ser universales, gratuitas e inclusivas. Pero de ello no se debe sacar la conclusión de que eso sólo puede hacerse con una gestión pública. Mientras se cumplan esos tres criterios, que lo haga el que pueda hacerlo con más calidad de servicio al ciudadano a menor coste. No me parece coherente que se imponga una u otra fórmula sólo por cuestiones ideológicas. Habría que fijar unos indicadores de eficiencia y costes evaluables periódicamente por un organismo independiente. El modelo que dé mejores resultados es por el que hay que apostar. Para ello, es fundamental que se apliquen las mismas obligaciones e indicadores a todos los operadores, públicos o privados, de un sector -por ejemplo, en hospitales-. No puede decirse si unos u otros cumplen o no sin aportar datos.
Otro ámbito en el que discrepamos es en el proyecto de ley de depósito de envases retornables, que ha conseguido algo que me parece casi imposible: poner a todos de acuerdo en que así, no.
Las patronales se han manifestado públicamente en contra de la subida de impuestos del Consell, que creen que puede afectar negativamente a la inversión, tanto nacional como internacional.
Los impuestos no nos gustan a nadie, pero todos somos conscientes de que, si queremos servicios e infraestructuras, tenemos que pagar. El que me parece menos lógico es el de Patrimonio, porque supone tener que pagar dos veces por lo mismo y, además, reduce los recursos disponibles para el ahorro, el consumo y la inversión. El Gobierno autonómico tiene la potestad de aplicar exenciones y, hasta ahora, lo había hecho. Pero, como necesita recaudar, vuelve a recuperarlo. Esta medida nos coloca en situación de inferioridad respecto a otras comunidades bien financiadas. Por ejemplo, Madrid, donde están las grandes empresas y fortunas, y no tiene problemas de presupuesto, por lo que aplica una exención del 99 por ciento. Es una competencia legal, pero desleal. Además, tampoco se va a recaudar tanto. Uno de los objetivos es atraer más proyectos de inversión.
¿Qué hace falta para conseguirlo?
Hay casos, como los de Puerto Mediterráneo -proyecto en trámite- o los continuos cambios respecto a la política de horarios comerciales, que no ayudan a la seguridad y confianza del inversor, que es fundamental. Otro factor vital es resolver la hiperregulación y excesiva burocratización de los trámites, que el inversor extranjero no entiende. Somos el país número 82 del mundo por facilidad para iniciar un negocio, a pesar de ser la undécima potencia económica. Hay una tendencia loca en este país a legislar de todo, incluso de aquello de lo que no hace falta, y, lejos de mejorar, va a peor año tras año. Esto sólo aporta complicaciones para el mundo de los negocios y trabajo para abogados. El Informe de Libertad Económica de 2015 nos sitúa en el puesto 49 de 157 países, por el peso excesivo de la Administración Pública y la regulación restrictiva, y recomienda poner solución. Hay que ser eficaz y, cuando alguien pide un permiso para montar un negocio, no verle ni tratarle como a un delincuente en potencia, sino darle facilidades. La Administración tiene que entender que no somos nosotros los que estamos a su servicio, sino que es ella la que tiene que darnos servicio a nosotros.
¿En qué punto está la reforma del modelo de gestión de Feria Valencia?
La evolución está siendo positiva. Este año cerrará con un ebitda positivo por primera vez desde 2009, de unos 800.000 euros, dejando las pérdidas millonarias de los últimos años. Tanto la dirección como la Generalitat y el Ayuntamiento queremos que el nuevo modelo de gestión entre en funcionamiento el año que viene. Tenemos que buscar el socio gestor más adecuado. Hay varios interesados, pero no se ha negociado con ninguno, porque se abrirá un diálogo competitivo con total transparencia. Queremos un socio que no sólo tenga capacidad financiera, sino conocimiento y experiencia en la gestión de este tipo de recintos y que aporte negocio.
Los expertos advierten de que, de prolongarse la falta de Gobierno en el país, la inversión y el crecimiento se verán afectados.
Lo cierto es que llevamos muchos meses sin Gobierno y no se nota casi nada. A lo mejor eso es una buena noticia. Que dure tanto se puede dejar sentir en que haya decisiones de inversión que se dilaten en el tiempo, pero no creo que sea algo significativo. Hay factores que están influyendo en la evolución positiva de la economía. Entre ellos, la mejora del flujo financiero a empresas y familias, que está animando la demanda interna. El consumo privado, que apenas aportaba crecimiento en años anteriores, ahora lo está haciendo de forma sustancial. La industria también está creciendo notablemente. En 2015, aportó el 16,9 por ciento del PIB regional. Es una buena noticia y avanzamos hacia el 20 por ciento de objetivo en 2020.
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