La recuperación registrada en los últimos trimestres en la actividad industrial y el consumo no se ha trasladado a la obra pública. El bloqueo político en la formación de nuevo Gobierno central y los problemas financieros que arrastra la Comunitat Valenciana -con un endeudamiento superior a los 43.000 millones de euros- mantienen en niveles mínimos la licitación de infraestructuras. La Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval) y la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec) consideran que el 2016 es "un año perdido" en este ámbito y piden un pacto entre fuerzas políticas, y entre las diferentes Administraciones Públicas, para diseñar un plan de inversiones estable a largo plazo y que se articulen cuanto antes los instrumentos de colaboración público-privada que permitan acceder a los fondos europeos del Plan Junker. (Puede leer el reportaje completo y otras noticias, entrevistas y análisis en la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).
"De otra modo, seguiremos retrocediendo en términos de competitividad respecto al resto de economías europeas. Hay que concienciar a los dirigentes de que el desarrollo de infraestructuras no es un gasto, sino una inversión de presente -por la generación de empleo, directo e indirecto- y de futuro. El tiempo político no es el adecuado para las necesidades", subraya José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval.
Los datos de la asociación nacional del sector, Seopan, apuntan a una mejora, del 8,4 por ciento, en el importe tota de licitación de obras en la Comunitat Valenciana entre enero y julio de este ejercicio con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 320 millones de euros. Según las estadísticas de la organización, la región centraría el 5,8 por ciento de la inversión aprobada por el Estado, de 173 millones -el doble que en el mismo periodo de 2015-. Sin embargo, los empresarios advierten de que las cifras "resultan engañosas".
"La realidad es que, en los primeros cinco meses, la Comunitat apenas suponía el 2,3 por ciento de la licitación estatal. En junio y julio, se licitaron tres obras de gran volumen -que suman más de 140 millones, el 81 por ciento del total anual-, pero cuya ejecución no está prevista para este año, porque no hay presupuesto", explica Santa Isabel."Si, por aportación al PIB la Comunitat es el 10 por ciento y sólo recibimos entre el 2 y el 5 por ciento de inversión, el dinero se está yendo a territorios donde no correspondería", dice Francisco Zamora, presidente de Fevec.
En esta línea se pronuncia también el presidente de la patronal autonómica, Cierval, José Vicente González, que subraya que "no queremos que nadie nos regale nada pero sí recibir lo que nos corresponde y poder competir en igualdad".
Las perspectivas hasta final de año, con unas terceras elecciones en el horizonte, amenazan con dejar el saldo anual por debajo del de 2015, que cerró con 429,3 millones entre todas las Administraciones -central, autonómica y locales-, menos de un 10 por ciento de los niveles previos al estallido de la crisis económica. Este escenario se extendería a 2017 en caso de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio.
Las administraciones locales -diputaciones y ayuntamientos- mantienen la línea plana de los últimos ejercicios -con 84 millones entre enero y julio-, mientras que la licitación de la Generalitat Valenciana, se ha desplomado un 52,3 por ciento en los siete primeros meses del año, hasta los 62,4 millones. La infrafinanciación que sufre la región, el alto endeudamiento y los límites de déficit impuestos por Europa han provocado que el Gobierno valenciano no tenga recursos suficientes para abordar actuaciones en este ámbito, lo que no tiene visos de solventarse a corto y medio plazo. Los esfuerzos de la Generalitat se orientan a los servicios básicos y las políticas sociales.
Cooperación público-privada
En este contexto, los contratistas llevan más de un año trabajando con la Generalitat Valenciana -en concreto, con el Instituto Valenciano de Finanzas, IVF-, para poner en marcha instrumentos de inversión con capital público y privado que faciliten el acceso a los fondos del Plan Junker europeo. Aunque la previsión era que estuviesen operativos en el primer trimestre del ejercicio, aún no se han materializado. "Existe un claro interés inversor y el retraso desde el punto de vista político y administrativo nos ha llevado a perder un año de acceso a estos fondos, que otros países, como Alemania o Francia, están aprovechando, acentuando la brecha de competitividad con España. Y, además, es necesaria una base de seguridad jurídica, respaldo político y una estructura con las que no contamos", subraya el presidente de Fecoval.
Fuentes de la Conselleria de Hacienda -de la que depende el IVF- responden a estas críticas asegurando que existe una "voluntad política clara" de materalizar este proyecto, que "además de atraer inversión privada y propiciar la financiación europea -con línea de crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI)-, permitiría afrontar desarrollos sin incrementar el saldo de deuda pública". En esta línea, explican que los retrasos se deben al "cumplimiento de los procedimientos administrativos" y afirman que "se están ultimando los pliegos para licitar estos instrumentos de inversión".
Un primer vehículo estaría orientado a la financiación del Plan de Infraestructuras Educativas 2016-2019, que contempla la construcción de 124 centros y la eliminación de barracones en otros 116. En cuanto al resto de inversiones, el IVF "está abierto a las iniciativas de colaboración público-privada para aprovechar la financiación del Plan Junker", aseguran.
Déficit inversor de 7.500 millones
Seopan encargó un informe comparativo de infraestructuras entre España y los 8 países europeos más adelantados, en ocho áreas -transporte, urbanismo, agua, sociales, digitales, energía, medioambiente y mantenimiento-, que puso de manifiesto las importantes deficiencias en España y cifraba en unos 52.000 millones de euros las inversiones necesarias.
En el caso de la Comunitat Valenciana, Fecoval estima en unos 7.500 millones el déficit de inversión en infraestructuras en los últimos diez años y cree que al menos el 10 por ciento de la cantidad planteada por Seopan correspondería a la región.
La federación está trabajando, junto a la patronal empresarial, Cierval, en un informe autonómico donde se definen, priorizan, planifican y valoran esas obras consideradas fundamentales para la región.Los contratistas valencianos, piden, asimismo, a la Administración autonómica que dé prioridad a las empresas de la región en los concursos. "Hemos perdido el 50 por ciento de nuestras empresas y más de 50.000 empleos. Necesitamos un apoyo que en casi todas las comunidades están dando a las empresas locales y que aquí no vemos", concluye Santa Isabel.
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