El acto en defensa de la reforma del modelo de financiación autonómica organizado el miércoles en Madrid por la Generalitat Valenciana ya ha tenido respuesta del Gobierno central, aunque no la esperada. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha apuntado que él "no atiende a mítines". "Que vengan a mi despacho y que me lo expliquen y nos den papeles", espetó. Añadió, además, que le parece "una pena" que el presidente valenciano, Ximo Puig, no visitara durante su estancia en Madrid al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "para explicar esa circunstancia".
Beteta reconoció, no obstante, que la infrafinanciación valenciana es "un hecho" en el que coinciden "todos los expertos y, por supuesto, los servicios del Ministerio". "Hacer actos para decir lo que es obvio y todo el mundo reconoce me parece muy bien, pero lo que se trata es de trabajar por reformar ese sistema de financiación".
Las palabras de Beteta han despertado la indignación en la Comunitat Valenciana, que lleva tres años -tanto bajo gobierno del Partido Popular como del actual bipartito, formado por PSPV y Compromís- reclamando una reforma del sistema de financiación que debe de abordar el Gobierno central. El actual modelo, tenía un plazo de vigencia de cinco años y debería haber sido reemplazado el 1 de enero de 2014.
La Generalitat ha apoyado sus reclamaciones con informes de expertos independientes y de instituciones oficiales -algunas de ellas, estatales-, que no han recibido respuesta, y la relación con Montoro ha sido siempre tirante.
El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, admitió la necesidad de reforma del modelo, pero también que no se había abordado porque no estaba entre sus prioridades. Además, Montoro se ha escudado en la interinidad del Gobierno para posponer este proceso, que no sólo afecta a la Comunitat Valenciana, sino a otras regiones como Cataluña, Andalucía, Murcia o Baleares, entre otras.
El consejo de ministros aprobó una comisión de expertos, con representantes de las regiones -a propuesta de Valencia-, el pasado abril y, hasta el momento, la Generalitat no ha recibido más información, pese a sus reiteradas peticiones.
