El doctor Javier Palau, asumió, el pasado 1 de marzo, el cargo de director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, en plena ofensiva de la Generalitat Valenciana en contra del modelo concesional de gestión sanitaria. Su departamento, con contrato de concesión a Ribera Salud que acaba en marzo de 2018, es el primer afectado por la política de retorno a gestión pública directa de los servicios de salud. Descárguese gratis la revista elEconomista Comunitat Valenciana.
A pesar de ello, Palau -que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Hospital La Fe de Valencia, los últimos 4 años como director médico- dice que trabajará "hasta el final" por defender este modelo.
¿Cómo ha reaccionado la plantilla ante el anuncio oficial del fin de la concesión?
Todos sabíamos, desde hace meses, que se iba a producir el anuncio de extinción del contrato de concesión, que se ha materializado con las palabras de Puig en el Parlamento autonómico y con la comunicación por escrito a la empresa. En este contexto, la situación de la plantilla es de incertidumbre, porque no hemos recibido información de cómo va a abordarse la reversión y tampoco de las consecuencias para los empleados ni para los ciudadanos de la comarca de La Ribera a los que da cobertura -unas 256.000 personas-. En total, contamos con unos 2.100 trabajadores en plantilla, de los que 300 serían personal estatutario -funcionarios- y los otros 1.800, personal laboral.
¿Mantienen abierta la esperanza de que la Generalitat dé marcha atrás?
Sí, porque es una decisión puramente ideológica y política, que carece de otro tipo de explicaciones. Si no lo estamos haciendo bien, que digan qué estamos haciendo mal, para que podamos responder y mejorar. Vamos a seguir trabajando para poner en valor el modelo y sus ventajas y tratar de que la gente que decide en la Administración tome conciencia de lo que la cooperación público-privada aporta. El Modelo Alzira de Ribera Salud es reconocido en todo el mundo y ha demostrado, con estudios y datos objetivos, ser eficiente, eficaz y de calidad, así como decisivo para la sostenibilidad del sistema sanitario.
Las informaciones sobre la continuidad de la plantilla son muchas y contradictorias. ¿Les han comunicado algo concreto?
Aún, no. Estamos pendientes de que la Administración defina la hoja de ruta; los pliegos del contrato establecen la obligación de hacerlo con un año de antelación. Hace unas semanas, se firmó el convenio colectivo del Departamento, con el apoyo de todos los sindicatos. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y recoge que los empleados podrán subrogarse a la Administración. La Conselleria de Economía dijo que eso no está claro y que no le parece factible, mientras los sindicatos defienden, en su totalidad, que la legislación avala esta subrogación. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado al comité de empresa que se mantendrán. Otra cuestión es bajo qué fórmula. Lo importante es que mantengan sus empleos y vamos a apoyarles con todos nuestros medios.
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