El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules ha concluido la instrucción de la causa que se sigue contra contra la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y contra la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) por presuntas irregularidades en la gestión 1,8 millones de euros de subvenciones para planes de formación. El magistrado ha acordado procesar a ambas organizaciones, a dos dirigentes de la patronal castellonense -el secretario, Rafael Montero, y el responsable de Formación, José Antonio Espejo-, al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón -dependiente de la CEC-, a cuatro empresas -academias y centros de formación- y a tres empresarios.
Esta decisión llega en pleno proceso de redefinición del sistema de patronales empresariales en la Comunitat Valenciana, provocado por la investigación y las dificultades financieras de la CEC y el concurso de acreedores de la patronal alicantina, Coepa-. De hecho, el presidente de la CEC durante los últimos 29 años, José Roca, y los tres vicepresidentes, dimitieron en bloque esta semana, tras una reunión de la junta directiva en la que participó el presidente de Cierval, José Vicente González.
El instructor considera que se emitieron facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval -de los 12 millones que recibió esta última de la Generalitat Valenciana-. En un auto notificado hoy a las partes, concluye que los hechos investigados "revisten carácter de delito" y les procesa por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
Según el juez "existen indicios" de que Montero, siendo secretario de la CEC y Cierval, y Espejo, como responsable de planes de Formación de la patronal castellonense, "aprovechándose de sus cargos orgánicos" "se concertaron" con cuatro empresarios -uno de ellos no ha sido localizado- "para beneficiarse económicamente del expediente (?) que incluía una subvención para la ejecución de un plan de formación intersectorial".
Los responsables de las organizaciones empresariales simularon la intervención de los empresarios en la organización e impartición de los cursos y autorizaron los pagos.
El juez concluye que las facturas emitidas "no responden a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagadora, la CEC" y los receptores del dinero, los tres empresarios responsables de las academias y centros de formación quienes, recibida la transferencia, "retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido".
De los 1,8 millones de euros pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos.
Causa abierta en julio de 2015
El auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción que se inició en julio de 2015 con una denuncia de Anticorrupción y deja la causa preparada para la celebración del juicio. El fiscal deberá ahora decir si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.
En el supuesto de que el Ministerio Público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realiza un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concreta el delito que imputa a los acusados y la pena o penas que solicita para ellos.
Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal a los abogados de los procesados para que, a su vez, formulen el escrito de defensa.
