Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juez instructor del 'caso Imelsa' confirmaría las sospechas de la Fiscalía sobre la existencia de financiación irregular y blanqueo de capitales en el Partido Popular en Valencia. Los investigadores basan sus conclusiones tanto en la documentación incautada a primeros de año, durante la llamada 'Operación Taula', y en sucesivos registros, como en la intervención de comunicaciones telefónicas, el análisis de las cuentas bancarias del grupo municipal y en los testimonios de algunos de los asesores.
Los investigadores consideran que tanto los miembros de la junta directiva como del comité ejecutivo del partido en Valencia "difícilmente pueden desconocer la situación descrita", dado que "afrontaban gastos que requerían la lógica existencia de ingresos". "No se les podía escapar que se afrontaban de alguna manera distinta a la estipulada por las normas legales e internas", subrayan.
La declaración ante el juez de la secretaria y tesorera del PP en el Ayuntamiento, María del Carmen García-Fuster, mano derecha de Rita Barberá, en la que admitió la existencia de un "recaudador" que recogía dinero de donantes anónimos, llevó al bloqueo de cuentas y la auditoría de todos los movimientos. Además, la UCO tendría pruebas documentales sobre la presunta trama de adjudicación irregular de contratos, a cambio de comisiones.
El origen ilícito de ese dinero habría motivado el procedimiento de blanqueo en el que participaron los concejales y asesores del grupo popular liderado por Rita Barberá. A este respecto, varios whatsapps entre concejales y asores del partido -entre ellos, Luis Salom y Pedro Aracil- hacen referencia directa a la operativa de blanqueo investigada, según la cual cada uno de los 49 implicados habrían depositado 1.000 euros en la cuenta del partido, que se les habrían devuelto en dos billetes de 500 euros.
"Dimisión fulminante"
Tras conocer la existencia de este informe, los portavoces del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciuadanos en las Cortes Valencianas pidieron la "dimisión fulminante" de la exalcaldesa de Valencia y actual senadora, Rita Barberá. En abril, el juez elevó exposición motivada sobre los hechos investigados que le afectan al Tribunal Supremo, pero aún no ha dictado resolución.
La presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, señaló que se debe respetar la presunción de inocencia y esperar los tiempos judiciales, pero afirmó que, si se produce la imputación de Barberá, "debería dimitir".
