La Generalitat Valenciana ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta para acercar posturas con el Ministerio de Hacienda y poder acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), fundamental para afrontar sus compromisos con proveedores y funcionarios. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, explicó que se ha aprobado un "acuerdo de no disponibilidad", por un total de 78 millones de los Presupuestos, así como el compromiso de aprobar retenciones de crédito por 92 millones. Con ambas medidas, se alcanzarían los 170 millones de ajuste que, según Oltra, Montoro comprometió ante Bruselas sin negociar con la Generalitat -lejos de los 1.300 millones planteados inicialmente por Hacienda-.
La vicepresidenta detalló que, tanto una como otra partida, saldrán de capítulos presupuestarios que, cada año, se cierran con parte de los recursos asignados sin utilizar, evitando, de esta manera, recortes en servicios básicos. Además, destacó que el Consell tendrá libertad para modificar, a lo largo del año, las partidas afectadas, "en función de cómo se desarrolle la ejecución del presupuesto".
Los recortes afectan a todas las consellerias. El departamento más afectado por el acuerdo es Presidencia, con un impacto del 4,17 por ciento en relación a su presupuesto para 2016, mientras que las consellerias donde se registra un menor impacto presupuestario son Sanidad Universal y Salud Pública y Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con el 0,19 por ciento y el 0,36 por ciento, respectivamente.
Oltra apuntó que la Generalitat está ultimando el 'plan de ajuste' con el Ministerio. La región aspira a acceder a 2.500 millones del FLA, de los que 740 millones estarían vinculados al déficit autorizado y 1.800 millones serían una dotación extraordinaria solicitada para cubrir la desviación del déficit de 2015.
El conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, estalló contra el Ministerio durante la Jornada sobre Financiación Autonómica organizada por BBVA Research y Fedea. "Te ponen la pistola en la cabeza" y te obligan a recortar, "eso es lo que han hecho hoy", afirmó.
Respecto al objetivo de déficit, Soler señaló que las regiones están "obligadas a entender" el objetivo de déficit público para 2016, que se sitúa en el 0,7 por ciento, que está "muy lejos de lo que debería ser", aunque su rebaja supone un "respiro evidente", admitió.
El Estado, "juez y parte"
Durante el mismo acto, María Jesús Montero, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, también cargo contra el actual modelo y reclamó una reforma de la financiación autonómica que permita a las comunidades disponer de los recursos para asegurar la prestación de los servicios fundamentales. "Hay que hablar no sólo de cómo se reparte el modelo, sino de cuánto dinero se reparte", dijo.
Además, Montero reclamó que los recursos se asignen en función de la población de cada región, evitando zonas "infrafinanciadas" y que haya una "gran desigualdad" entre las comunidades.
El encuentro también ha contado con la presencia del director de Presupuestos de Galicia, Miguel Corgos, que denunció que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el Estado cuenta con la mitad de votos, lo que implica que el Gobierno sólo necesita que una comunidad autónoma voto en el mismo sentido para aprobar el sistema.
"El ministro de turno no puede ser juez y parte y que decida los techos de déficit, como está pasando en los Consejos de Política Fiscal y Financiera", denunció Soler.
