Las Cortes Valencianas han sentado los pilares de la futura ley que regulará el servicio público de radio y televisión autonómicas, que tendrá como nombre Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Un documento base de la proposición de ley que dedica una gran parte de su articulado a la definición de mecanismos de supervisión y control en todos los aspectos -desde la configuración de los órganos de dirección y la plantilla, a los contenidos y la gestión financiera-, con el objetivo de evitar caer en los errores que llevaron al cierre de su antecesora, RTVV, tras acumular pérdidas de más de 2.000 millones y una deuda superior a 1.300 millones.
Entre las medidas más destacadas, están la elección del director en concurso público; la destitución de los 10 miembros del consejo rector si el déficit supera el 10 por ciento del presupuesto o si los ingresos propios son un 25 por ciento inferiores a lo previsto; la limitación del nivel de endeudamiento, al que sólo se podrá recurrir "para financiar inversiones en inmovilizado material e inmaterial y por desfases temporales de tesorería"; la creación de un fondo de reserva -para cubrir pérdidas-, o el proceso de transferencias por parte de la Generalitat, en caso necesario. Habrá un Consejo de Ciudadanía -con sindicatos, universidades y sociedad civil- y otro de Informativos -con empleados-.
El texto establece que, "para el cumplimiento del mandato legal de informar al Consell de la ejecución del Contrato Programa, la Corporación se dotará de un sistema de indicadores de gestión que permita conocer el estado de la ejecución presupuestaria, con especial referencia a los objetivos de inversiones, de gestión de los inmovilizados, de las masas salariales y de los gastos en compras y servicios".
La Corporación establecerá un procedimiento de control interno de la gestión económico financiera, que contará para su desarrollo y ejecución con un puesto de Intervención. El interventor asumirá el control interno de la gestión económico-financiera en una triple vertiente: función interventora, informando sobre la legalidad de ingresos, gastos o pagos y siendo responsable personalmente si no formula reparo en los casos de ilegalidad; control financiero, a posteriori, o de auditoría y control de eficacia, que tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de las actividades e inversiones.
Además, las cuentas se someterán a la fiscalización de la Intervención de la Generalitat y de una auditora externa.
Discrepancias sobre la plantilla
El texto deja en el aire un aspecto clave: la dimensión de la plantilla y qué parte procederá de la anterior RTVV -que, en el momento de su cierre, en noviembre de 2013, superaba los 1.600 trabajadores-. El texto establece que, en el proceso de selección, tendrán "especial consideración" los profesionales que hayan trabajado en RTVV y, especialmente, aquellos que "ya hubiesen superado pruebas selectivas".
Las discrepancias sobre la plantilla han impedido la unanimidad en el respaldo al texto, que se aprobó con los votos de PSPV, Compromís y Podemos, la abstención de Ciudadanos (C?s) y la oposición del PP. C?s cree que, "si es una nueva empresa, todos tendrían que pasar un proceso de selección en el que la experiencia sea un mérito, pero el proceso planteado puede derivar en una avalancha de denuncias por parte de los extrabajadores y generar un nuevo agujero en el erario".
Plazo de seis meses
La ley se tramitará por el procedimiento de urgencia -con un plazo de seis meses-, con el objetivo de que la Corporación esté operativa este año. Se espera que la ley se apruebe en junio o julio, para dar inicio a la selección de dirección, personal, contenidos y otros trámites para su puesta en marcha.
La Corporación se concibe como una "entidad pública" que "estará adscrita, a los meros efectos orgánicos, a la Presidencia de Generalitat, y actuará con plena autonomía en su gestión e independencia funcional respecto de la Presidencia, de la Administración de la Generalitat y del resto de las administraciones". Sus estatutos sociales incluirán, entre sus objetivos, la comercialización publicitaria y de sus productos o servicios, y los objetivos de formación e investigación audiovisual.
Se define un sistema de financiación mixto, con ingresos propios y por publicidad y aportación pública, así como la posibilidad de recibir subvenciones, donaciones o herencias.
