La consellera de Vivienda de la Generalitat Valenciana, María José Salvador, ha denunciado que el anterior equipo de la conselleria "ocultó conscientemente" alrededor de 1.100 expedientes de ayudas a la vivienda, que quedaron sin resolverse por "falta de recursos económicos". Salvador denuncia que, en julio de 2013, la entonces consellera, Isabel Bonig -actual presidenta del PP en la Comunidad Valenciana-, ordenó a los servicios territoriales bloquear los reconocimientos de pago, "a pesar de que se habían quedado en fase de calificación provisional o definitiva favorable". La consellera no descarta llevar el caso a los tribunales.
Salvador dice que las delegaciones no cumplieron la orden de Bonig, porque no se ajustaba a la legalidad, pero no tramitaron los expedientes. Por ello, la Abogacía de la Generalitat ha elaborado un informe que se ha remitido, junto a la documentación completa, a la Intervención General de la Generalitat, para que "investigue los hechos" y "dilucide cuáles son las actuaciones que debe tomar la conselleria para reconducir a la legalidad lo que se realizó ilegalmente".
Las solicitudes se enmarcan dentro de los planes de vivienda del Gobierno para 2005-2008 y 2009-2012. Salvador subraya que "estos 60 millones se tienen que unir a los 240 millones en ayudas pendientes que tuvo que reconocer Bonig obligada por la Intervención de la Generalitat -que consideró fraude de ley ofrecer subvenciones que no tenían dotación en presupuestos- y a los 40 millones de las resoluciones 501 que reconoció el nuevo Consell nada más tomar posesión".
La consellera detalla que los expedientes bloqueados afectan a particulares y a promotores e incluyen ayudas al alquiler, a compra de VPO y a rehabilitación. "Estamos hablando de miles de euros para mucha gente, por importes de hasta 66.000 euros, en el caso de una comunidad de propietarios", detalla.
