Vicent Soler (Rocafort, 1949) asumió la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana con el aval de su trayectoria política y académica. Doctor y catedrático de Economía, decano de la Facultad de Económicas de la Universitat de València (UV), docente y responsable de investigaciones sobre economía valenciana y geografía económica, ha ocupado varios cargos con el PSPV, como conseller de Administraciones Públicas (1985 a 1987) y vicepresidente de Les Corts (1987 a 1995). Más noticias y en la revista gratuita elEconomista Comunitat Valenciana
Soler afronta el reto de cuadrar las cuentas y cumplir la Ley de Estabilidad en un contexto de infrafinanciación y deuda en nivel histórico -41.753 millones, el 41% del PIB regional-, agravado por las investigaciones y sanciones por irregularidades en la gestión pública en los últimos años. "A veces me extraño de mi moderación", afirma.
¿Puede limpiarse la 'hipoteca reputacional' que arrastra la región?
El pasado, pasado está y tenemos que ser muy pedagógicos. El 24 de mayo, los electores rompieron con una manera de hacer las cosas, y ni ellos ni el actual Gobierno debe pagar la hipoteca reputacional de los anteriores gestores. Lo contrario no responde a la lógica de la democracia. Son muchos los ejemplos de mala gestión en fondos públicos, que han causado grandes pérdidas a los contribuyentes. Nuestro objetivo es que los responsables de la mala gestión paguen las consecuencias y así lo exigiremos en todos los casos en que sea posible. Además, hemos reformado la estructura de la Intervención, que, entre otras áreas, incluye una Viceintervención de Control de Fondos Comunitarios y Subvenciones, con el doble objetivo de reforzar la transparencia y de mejorar la captación de fondos. Quizá la anterior, como Administración que no quería ser muy fiscalizada, no les sacó todo el rendimiento posible en los últimos años.
El Estado ha traslado a Valencia la multa de 18,93 millones de Bruselas por manipulación del déficit. ¿Se va a asumir ese pago?
Vamos a agotar todas las acciones posibles para evitar que recaiga en la Comunitat -está previsto que hoy el Pleno del Consell apruebe un recurso al Tribunal Supremo-, porque se ha debido a una falta de supervisión del Gobierno central, que, además, no hizo nada para pararla. Son muchos millones que necesitamos para otras cosas. Nuestros criterios son sólidos. El problema es que el Estado recauda y nos envía el dinero, y puede quitarnos esos 19 millones de forma unilateral. Ya lo hizo en enero, con 52 millones en intereses por impagos del IRPF de funcionarios de varios años. No negocian: deciden y hacen, y eso no puede ser. Estamos sufriendo una situación de recentralización abusiva, que conculca cualquier principio de autogobierno, y una permanente deslealtad institucional. Este país necesita un cambio; un respeto al Estado de las Autonomías de la Constitución, más ahora que, con la recuperación, podemos tener más margen en ingresos fiscales y reparto de recursos.
¿En qué líneas se está trabajando para mejorar esta situación?
Hay dos líneas básicas, la mejora de la financiación y del sector público, que se necesitan y retroalimentan. La tercera es la reforma fiscal, prevista para 2017. Es fundamental cambiar el sistema de financiación, malo e injusto. Aún gastando menos que la media, seguimos generando déficit. Las cifras son contrarias a los principios de suficiencia y solidaridad. La realidad es que algo no funciona si, para mantener el gasto, hay que elevar el déficit en 1.300 millones. El FLA es un crédito y, por muy blando que sea, suma deuda. Tratamos de cumplir las leyes de estabilidad, pero con un cambio de prioridades. En 2016, crece un 7,8% el gasto social, pero a costa de otras necesidades, como dotar a los sectores productivos de medios para afrontar los retos de la globalización. Además, necesitamos invertir en infraestructuras. El PP gastó el dinero en grandes eventos, sin análisis económicos ni de viabilidad. La consecuencia son unas deudas inasumibles. Pedimos que el Gobierno aplique un trato parecido al de Sevilla tras la Expo o los Juego Olímpicos de Barcelona. ¿Los valencianos no pagamos impuestos, como ellos?
¿Cómo se va a abordar la reestructuración del sector público?
Habrá una Ley del Sector Público este año, para racionalizarlo: sólo persistirán las empresas necesarias y que funcionen bien -algunas se usaron como 'consellerias en b'-. El dinero público merece control y rigor; los gestores estamos de paso.
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