El diputado autonómico Luis Santamaría -exconseller de Gobernación y Justicia con Alberto Fabra- es la persona de consenso elegida por la dirección nacional y autonómica del Partido Popular para presidir la gestora que asume el control del grupo en la ciudad de Valencia. La Junta Directiva Regional, reunida esta tarde, respaldó la composición de esta gestora, que contará, además, con una secretaria general y doce vocales, todos ellos elegidos entre las formaciones de los diferentes distritos municipales. Ninguno de ellos ha estado vinculado a los equipos de la exalcaldesa Rita Barberá, que mantuvo su política de no participar en actos públicos y no acudió a la Junta.
La creación de la gestora se produce la misma semana en la que el juez que investiga la presunta trama de financiación ilegal del PP ha abierto pieza separada con el presunto blanqueo en el grupo municipal. En esta pieza, hay 50 imputados -investigados-, todos ellos vinculados al PP local en la actual y en las pasadas legislaturas, incluido su actual presidente, Alfonso Novo.
El acto contó con la presencia del vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que transmitió "toda la confianza de la dirección nacional" a la nueva gestora, a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y a los presidentes provinciales -Vicente Betoret, de Valencia, José Císcar, de Alicante, y Javier Moliner, de Castellón- "para seguir trabajando y enfrentando los desafíos que pueden llegar".
Bonig abogó por "asumir los errores cometidos, para no volverlos a cometer", pero también a poner en valor "todo el trabajoy las cosas buenas que el PP ha hecho por esta tierra en los últimos 25 años".
Además de la de Valencia, se aprobaron gestoras para los municipios alicantinos de Ibi y Villena, por las dimisiones en su directiva.
La Junta respaldó, asimismo, pedir la celebración de un congreso autonómico extraordinario para abordar la renovación del partido, que obtuvo el aval de Maíllo, aunque no se fijó fecha de celebración.
La trama investigada
Las diligencias, en las que se investiga a 80 personas (políticos del Partido Popular, asesores y empresarios) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, seguirán secretas hasta el 14 de marzo.
La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.
En el curso de la 'Operación Taula' fueron detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.
Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Todos los arrestados quedaron en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales
El instructor ha impuesto a 14 de ellos fianzas que oscilan entre los 15.000 euros y los dos millones de euros. Las fianzas impuestas no son para eludir la prisión. Son fianzas pecuniarias (no carcelarias) para garantizar la responsabilidad civil que tendrían que pagar los investigados en caso de ser condenados.
