Las 'facturas sanitarias en el cajón' podrían costar a la Comunidad Valenciana mucho más que la multa de 18,93 millones impuesta por Bruselas por el impacto en los datos de déficit. Las concesionarias de cinco de los departamentos de salud de la región -Ribera Salud y Grupo Bipa Sanitas-están definiendo, junto a uno de los grandes despachos de abogados valenciano, una reclamación de revisión de las liquidaciones de los conciertos. Defienden que, si los gastos 'ocultos' se hubiesen incluido en los presupuestos, la base sobre la que calcular la cápita -cifra pagada por ciudadano atendido- sería mayor y, con ello, los ingresos. Aunque aún están calculando el impacto, podrían llegar a solicitar más de 50 millones.
De prosperar, el saldo de la liquidación sería favorable a las concesionarias, frente al balance actual que, según Sanidad, beneficiaría a la Generalitat. El informe de 2014 de la Sindicatura de Cuentas alertaba de que no se hicieron liquidaciones desde 2008, por causas atribuibles a la Conselleria, situación en la que trabaja la actual Generalitat.
Existen cinco áreas de salud bajo concesión en la región, que dan cobertura a una población de en torno a un millón de personas, el 20 por ciento de los habitantes de la co munidad. Cuatro de ellas -Torrevieja, Ribera-Alzira, Dénia y Elche-Vinalopó- están gestionadas por Ribera Salud. La quinta -Manises-, por el Grupo Bupa Sanitas.
