"Que nadie espere que se van a renovar las concesiones hospitalarias". Así de contundente se ha mostrado la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, que admitió que esta decisión se basa en el compromiso político de "retornar la sanidad a lo público". La consellera aludió a supuestos "incumplimientos" e "ineficiencias" del sistema de cooperación público-privada, si bien no aportó ningún dato al respecto. Dijo que las "sospechas" se basan en que los anteriores Gobiernos "no controlaron ni auditaron a las concesionarias", así como en que el contenido de los contratos no era público -ahora sí lo es, a través del nuevo portal de transparencia de la Generalitat-, lo que, en su opinión, se hizo para "ocultar incumplimientos". Se han encargado auditorías a organismos públicos y privados, pero su resultado no será vinculante a la hora de decidir sobre la continuidad de la fórmula de cooperación público-privada, que desaparecerá.
La primera reversión se produciría en esta legislatura, al vencer el contrato de adjudicación de la zona de La Ribera -hospital de Alzira- en el año 2018. La consellera explicó que se están analizando las posibles fórmulas para proceder a devolver los servicios prestados al ámbito de la gestión pública directa. Las cinco áreas bajo concesión dan cobertura a una población de en torno a un millón de personas, el 20% de los habitantes de la Comunidad Valenciana.
Mejores ratios que los centros públicos
Ribera Salud, gestora de cuatro de las cinco áreas de salud adjudicadas (La Ribera-Alzira, Torrevieja, Denia y Elche-Vinalopó), aplaudió la mayor transparencia y avaló, con datos, su modelo. Según la firma, y en base a las estadísticas de la propia Conselleria de Sanidad, en 2014 el coste medio sanitario por paciente en sus centros fue de 815,47 euros, un 38,82 por ciento inferior a los de gestión pública directa, y la productividad fue un 37,3 por ciento mayor. Logró mejores ratios en plazos de espera -tanto en consultas como en urgencias, tratamientos e intervenciones quirúrgicas-; aplicación de nuevas tecnologías en la asistencia a pacientes; control de factores de riesgo cardiovascular; rendimiento quirúrgico, y menores tasas de reincidencia de enfermedades y mortalidad.
El modelo de gestión desarrollado por la Ribera Salud, conocido como 'modelo Alzira', ha sido objeto de estudio por prestigiosas instituciones, como las universidades de Harvard y Berkeley, en Estados Unidos, así como objeto de reconocimientos dentro y fuera de España. El grupo está inmerso en un plan de expansión internacional, tanto en Latinoamérica como en Europa.
"Aplaudimos la iniciativa de la Generalitat Valenciana y confiamos que sea un primer paso para poner a disposición de los ciudadanos, -como han hecho otras comunidades autónomas, como Cataluña-, información de su interés. Pero no sólo de tipo jurídico, que sin duda interesa mucho al ciudadano, también de tipo asistencial como, por ejemplo, la situación de las listas de espera en los diferentes centros públicos, la demora para ser visitado por un especialista o el porcentaje de anestesia epidural que se está aplicando en los partos en los diferentes centros de la Comunidad Valenciana. Por parte del grupo Ribera Salud, como siempre, la máxima colaboración y disposición con la Administración Pública para que se hagan públicos los datos comparativos de todos los Departamentos de Salud", apuntaron desde la compañía.
Necesario consenso
Montón anunció la elaboración de un pliego que recogerá posibles incumplimientos y sanciones por parte de las concesionarias, no incluidos en los contratos vigentes. No obstante, fuentes jurídicas afirman que el cambio en las condiciones requerirá, obligatoriamente, del consenso entre ambas partes.
La consellera ha detallado las diferentes medidas fiscalizadores, algunas con la colaboración de la Intervención General y la Sindicatura de Comtes, para asegurar el "control, supervisión rigurosa y transparencia para rendir cuentas a la ciudadanía sobre este modelo". En concreto, ha indicado que se fiscalizarán las liquidaciones anuales con las concesionarias entre los ejercicios 2003 y 2012, que habrá una auditoría externa de la Sindicatura de Comptes, así como de la calidad "asistencial" para garantizar "la equidad" en las prestaciones.