Los concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia, imputados por presunto blanqueo

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha citado a declarar en calidad de investigados -término jurídico que equivale al antiguo 'imputados'- al medio centenar de concejales, asesores y trabajadores vinculados en la actualidad o en las últimas legislaturas al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, tras haber prestado declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En concreto, se les investiga por su posible implicación directa en el blanqueo de dinero de la trama, mediante un sistema de donaciones ficticias, que quedarían avalado por la documentación incautada.

Los métodos para blanquear el dinero incluirían desde la utilización de una red de empresas y clubes deportivos, hasta la implicación directa de militantes, afiliados y empleados del PP en Valencia. Cada uno de ellos habría realizado donaciones ficticias en cuentas bancarias del partido, que se les habrían devuelto a los pocos días en efectivo -supuestamente, procedente de la 'caja B' de la organización-

Este procedimiento se habría utilizado, al menos, en la campaña de las elecciones de mayo de 2015, por importe de entre 50.000 y 100.000 euros. Los integrantes del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta del partido, cantidad que, presuntamente, les habría sido devuelta en billetes de 500 euros pocos días después.

Todos los presuntos implicados han prestado declaración ante la UCO, que les ha hecho entrega de las citaciones judiciales. Quedan fuera de la investigación cuatro exasesores que se negaron a tomar parte de esta operativa.

El sistema habría sido coordinado Mari Carmen García-Fuster, que ha sido cesada como asesora y secretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia, tras prestar declaración ayer ante el juez. García-Fuster, para la que el fiscal pedía prisión preventiva, quedó finalmente en libertad bajo fianza.

El primero en declarar ante el juez, el próximo miércoles, será Alfonso Novo, sustituto de Rita Barberá al frente del grupo municipal popular.

Comisiones irregulares sistemáticas

Las declaraciones de los 24 detenidos el martes en el marco de la Operación Taula, de los miembros del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia y el análisis de la documentación requisada están arrojando luz sobre la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, el enriquecimiento ilícito de algunos de sus altos cargos y los sistemas de blanqueo de dinero utilizados para justificar los fondos. Fuentes de la investigación explican que los ingresos procederían de comisiones irregulares en decenas de contratos públicos -en la mayoría de los casos, del 3 por ciento, en un sistema similar al destapado en Cataluña-, de las que una parte se habría destinado al partido y, el resto, se habría repartido entre los implicados en la trama.

Los hechos investigados se habrían producido entre los años 2004 y 2014. La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

Sólo en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, los contratos adjudicados de manera irregular sumarían un importe de unos 100 millones de euros, según una auditoría sobre la gestión de la entidad encargada por la corporación.

Demandas por daños de imagen

La presidenta del PPCV anunció que el partido actuará contra cualquier persona imputada en la investigación y anunció demandas contra aquellas que hayan sido condenadas por delitos cometidos aprovechando su cargo en el partido. La primera irá en contra del exconseller Rafael Blasco, en prisión por el caso Cooperación.