El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Vinaroz, Víctor Manuel Capilla, ha declarado "causa compleja" el caso Castor, que investiga las presuntas irregularidades en la concesión del almacén de gas y los posibles delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente derivados de ella. Con ello, se amplía el plazo de instrucción en 18 meses, "que se computarán desde el día 6 de diciembre de 2015", según el auto.
El juez expone, como principales motivos de esta decisión, el alto número de investigados -término que sustituye al de imputados-, que asciende actualmente a 18 -si bien, el fiscal no descarta incluir a otras personas- en la necesidad de revisar la gestión y actuaciones de una "persona jurídica privada, Escal Ugs" -gestora de la planta-, y de los miembros de su consejo de administración, así como de "personas jurídico-públicas, como el Instituto Geológico y Minero de España y la Dirección General de Política Energética y Minas, entre otras", que puede "implicar el examen de abundante documentación". Además, expone que la naturaleza de los hechos que se investigan puede hacer necesaria la realización de "complicados análisis".
Solicitado por el fiscal
La medida fue solicitada por el fiscal y respaldada por el resto de partes personadas en el caso, incluida Escal Ugs, y contó con la única oposición del Abogado del Estado.
El magistrado destaca que, hasta el momento, han declarado 16 de los 18 investigados y que la causa supera ya los 13.000 folios.
El Ministerio de Industria ordenó, en septiembre de 2013, el cese de actividad del Castor, tras registrarse más de 500 seísmos en su entorno, que se vincularon a la planta. Enagás fue elegido administrador del almacén, con el encargo de proceder a su hibernación, tras la renuncia por parte de la gestora -participada por ACS y Escal-, a la que el Estado acordó indemnizar con 1.350 millones de euros por la suspensión del proyecto.
