El Gobierno central ha aprobado este viernes la entrega a la Comunitat Valenciana de 1.471 millones de euros correspondientes al reparto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) adicional, según ha confirmado el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que ha considerado este hecho como "una muy buena noticia para los proveedores de la Generalitat". No obstante, y ante la urgencia planteada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para recibir el dinero y poder solventar los graves problemas de liquidez de la Administración autonómica, Moragues apuntó que está previsto que esas facturas se hagan efectivas a finales de diciembre, "aunque, si se puede acortar los plazos, se hará".
Moragues ha indicado que esta es "una muestra más del apoyo y compromiso del Gobierno a la Comunitat Valenciana" y que los fondos irán "destinados a aquellos colectivos sociales, asociaciones, contratistas y proveedores de la Generalitat en áreas básicas como educación, sanidad y servicios sociales".
"De esos casi 1500 millones de euros, 114,34 millones van destinados a sufragar a gastos derivados a de los tratamientos de Hepatitis C", ha dicho. Además, ha apuntado que ahora la Intervención de la Generalitat "tendrá que subir las facturas a una plataforma y tiene de plazo hasta el 16 diciembre".
"El Gobierno está demostrando su compromiso y apoyo con la Comunidad Valenciana. Actualmente el Gobierno está pagando los intereses de la Generalitat y a sus proveedores. Si en 2014 se pagaron 1.200 millones de euros en intereses, en 2016 hay una cantidad presupuestada de 340 millones de euros, es decir, una reducción de casi 1.000 millones de euros", ha reiterado.
La vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, ha indicado que el Consell se mantenía a la espera de noticias del Consejo de Ministros "como agua de mayo", dado que si no llegaba el FLA se avecinaba una situación "terrible" para los proveedores de la Generalitat o para el pago de servicios sociales.
También pedía que este no fuera un mecanismo usado a nivel político porque, en definitiva, afecta a los ciudadanos y estos "no son privativos ni una herramienta electoral".
