Caixa Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular son las únicas entidades que han suscrito la declaración de intenciones propuesta por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana por la que se comprometen a no instar desahucios de viviendas habituales de personas en situación de vulnerabilidad, sin que se haya agotado todas las posibilidades de negociación mientras entre en vigor la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda", así como a ceder parte de su cartera de viviendas para alquiler social. Un compromiso que han eludido los grandes grupos financieros. Ibercaja, UCI y Kutxabank informaron de su negativa a rubricar este acuerdo a finales de octubre, por no estar de acuerdo con alguno de los puntos recogidos en el mismo, mientras que Bankinter, Banco Sabadell, La Caixa y Bankia aplazaron su decisión unos días, y finalmente no han firmado.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, explica que las tres entidades firmantes acceden, también, "a facilitar a la Mesa para la Prevención de Desahucios todas las situaciones de impago que puedan suponer riesgo de pérdida de la vivienda habitual del deudor, al objeto de que se pongan en marcha los canales de mediación para encontrar una solución al problema"
En cuanto a la cesión de viviendas para alquiler social, se enmarcan en el Fondo Social de Vivienda, "de acuerdo con los convenios que suscriba con la Generalitat para su mayor viabilidad".
La Comunitat Valenciana ocupa el número dos del ranking en materia de desahucios y la Conselleria de Vivienda está destinando gran parte de sus recursos para paliar esta situación. En este contexto, el 29 de septiembre se constituyó la Mesa por la Prevención de los Desahucios, con el objetivo "de establecer un marco de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones efectivas en las situaciones como consecuencia del sobre-endeudamiento de personas y familias con dificultades para hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda habitual". En la mesa participan más de 40 representantes de entidades financieras y sociales.
En este marco, la Conselleria solicitó a todas las entidades financieras que operan en la Comunitat Valenciana y que también fueron invitadas a participar en la Mesa, que firmarán una declaración de intenciones con la triple finalidad de declarar una moratoria de desahucios de personas en especial situación de vulnerabilidad hasta la entrada en vigor de la Ley de la Función Social de la Vivienda, el nombramiento de un interlocutor con la Mesa para crear canales de mediación y el compromiso de ofrecer viviendas para el Fondo Social.
Ley de Función Social de la Vivienda
Paralelamente, la Conselleria está trabajando en la Ley de la Función Social de la Vivienda, que reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda y proporcionará un marco estable y de seguridad jurídica que asegure el derecho público a la vivienda. El 16 de septiembre, se constituyó el Consell Assessor de la Llei per la Funció Social de l'Habitatge, para que todos los agentes sociales implicados en esta cuestión puedan realizar sus aportaciones para la elaboración de la ley que va a garantizar el acceso a una vivienda a todas las personas que lo necesiten.
