La Asociación de Clubs Náuticos de la Comunidad Valenciana, registrados como entidades sin ánimo de lucro, denuncian que el director general de Puertos de la Generalitat Valenciana, Carlos Domingo, les ha trasladado la intención de la Administración autonómica de "paralizar todos los procesos de renovación de las concesiones de las instalaciones náuticas que gestionan para sacarlas a concurso y dar entrada a las empresas privadas". Los clubs náuticos se muestran "sorprendidos por el desconocimiento de la realidad social y deportiva de la náutica y por el retorno a postulados privatizadores que estaban superados en la nueva Ley de Puertos que se aprobó hace menos de un año", con el apoyo de los dos partidos en el Gobierno, PSPV y Compromís.
Además, la postura del Ejecutivo valenciano choca con la política mantenida en otros sectores (como el sanitario), donde ha mostrado, desde el primer momento, una intención clara de revisar y revertir concesiones a empresas privadas. De momento, esta paralización de los expedientes de renovación provocará que once clubs congelen sus inversiones y su gasto de mantenimiento al haber perdido por completo la confianza en los gestores de la Conselleria.
La Asociación de Clubs Náuticos de la Comunidad Valenciana reúne a los 27 principales clubes, con cerca de 10.000 puntos de amarre, 40.000 usuarios y una influencia directa en la prestación de servicios turísticos en las poblaciones costeras. Celebró el pasado fin de semana su asamblea de presidentes en un ambiente "de tensión e indignación". Está estudiando diferentes medidas de presión y protesta, como la absoluta paralización de la actividad deportiva en un año de concentraciones olímpicas cara a Brasil 2016 o, incluso, el cierre de bocanas y puertos. No obstante, antes de optar por esas medidas, se explorarán todas las posibilidades de diálogo con la propia Consellera y con el President de la Generalitat.
Consideran que la privatización de las instalaciones "se trata de un punto de vista que se creía superado, ya que no reconoce la labor social y deportiva de los clubs y da preferencia de manera casi única a la puja económica, algo que daría prioridad a las grandes empresas y conglomerados de inversión, en detrimento de los clubs, que son asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, como reconoce la actual Ley de Puertos de la Generalitat, recientemente aprobada y, en cuya tramitación, el PSPV y Compromís defendieron la importancia de los clubs en cuanto a su impacto económico y social, llegando a presentar enmiendas que resultaban más favorables a dichas entidades que la normativa que finalmente se aprobó. Más aún, la Ley de Puertos del Estado, aprobada con los votos del PSOE, destaca por el reconocimiento a la labor de los clubs y su primacía a la hora de renovar las concesiones".
"Resulta sorprendente la incoherencia política que supone la actual postura del Consell, pues los partidos que lo sustentan defendieron a los clubs en la tramitación de la Ley de Puertos y ahora, pocos meses después y tras tomar posesión de la administración, han cambiado por completo su opinión y parecen decantarse por favorecer los intereses de grandes grupos económicos y de empresas constructoras", afirman.
Además, la asociación destaca que, los clubs siempre han cumplido con sus obligaciones, pagando el canon anual, de tres millones de euros, y realizando cuantas inversiones han sido necesarias, como la construcción de dársenas, muelles y otras infraestructuras. Mientras, en la última década, la privatización y la creación de marinas privadas gestionadas por empresas ha sido un fracaso, con tres de ellas en concurso de acreedores y sin pagar el canon a la Generalitat.
Además, la privatización conlleva la prioridad hacia las grandes esloras y megayates ?como viene ocurriendo en la actualidad en las marinas privadas-, mientras que los usuarios de esloras pequeñas, la mayoría de origen local, se encuentran mayoritariamente en los clubs, los cuales además llevan a cabo una gran labor social y deportiva en sus escuelas de vela.
Impacto en el turismo
La privatización supondría también "un ataque directo al deporte náutico y a su vertiente de turismo activo, que ahora se desarrolla básicamente a través de los clubs, y que no tiene apenas presencia en las marinas privadas, por ser poco rentable y requerir mucho personal especializado. Todo este coste sale directamente de las arcas del club, al no tener ánimo de lucro, y permite mantener la competición, los equipos autonómicos y soportar a las federaciones y su acción de promoción deportiva".
La reunión resultó sorprendente también por cuanto el Director General reconoció no saber que ocho clubs habían presentado ya sus expedientes de renovación, según marca la Ley, pues la solicitud fue realizada de manera conjunta, acompañados por los presidentes del resto de los clubs y con una concentración en puertas de Conselleria el pasado mes de abril.
