Ximo Puig ha afirmado que la Generalitat Valenciana "está dispuesta a asumir su corresponsabilidad" en la multa impuesta por Bruselas al Estado español por la manipulación de los datos del déficit de la Comunidad Valenciana, si bien atribuye "este despropósito" a la "connivencia entre el Gobierno central y los antiguos gobiernos valencianos, del Partido Popular". El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reiteró ayer que es la Comunidad Valenciana la que tiene que hacer frente a la totalidad de la sanción, algo que rechazan radicalmente tanto Puig como el anterior conseller de Hacienda y actual delegado del Gobierno en la región, Juan Carlos Moragues.
El pasado lunes, el Tribunal General de la Unión Europea rechazó el recurso de anulación de España contra la decisión de la Comisión Europea de abrir una investigación, en julio de 2014, sobre la manipulación de estadísticas en España, que finalmente acabó en la multa, por importe de 18,93 millones de euros. El auto indicaba que no se podía recurrir el procedimiento, pero sí dejaba abierta la posibilidad de recurrir la sanción.
En esta línea, Moragues afirmó esta mañana que la multa se va a recurrir, "solicitando su suspensión, para que no se tenga que pagar nada". Moragues insiste en que la normativa en la que se apoya la sanción se ha aplicado "con carácter retroactivo", ya que se aprobó en 2011, mientras que los hechos investigados se produjeron entre 1988 y 2011, y fueron descubiertos en 2012.
En esta línea, en el recurso rechazado, el Gobierno español alegó que las autoridades españolas actuaron "de forma clara y adecuadamente" y que no hay base jurídica para abrir un procedimiento de investigación por hechos anteriores al 13 de diciembre de 2011, incidiendo en que se habían violado los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas sobre supervisión presupuestaria en la eurozona, al considerar que hechos examinados anteriores a dicha fecha no eran susceptibles de sanción.
También esgrimió que la Comisión "infringió" el citado reglamento, porque no existían indicios serios de la existencia de hechos constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda, y que "vulneró su derecho de defensa", por realizar lo que entendía era una "investigación encubierta", al margen del procedimiento establecido.
Bruselas ve "negligencia grave"
La Unión Europea confirmó en julio una multa de 18,93 millones de euros al Estado español por la manipulación de datos de deuda y déficit en la Comunidad Valenciana, y su consecuente impacto en los datos reales de déficit y deuda españoles. Se considera que hubo una "negligencia grave, al no registrar gastos sanitarios", que se atribuye "a una entidad que actuó por su cuenta" (en concreto, la Intervención General de la Generalitat Valenciana).
Se trata de la primera vez que la UE sanciona a un Estado por la legislación comunitaria que penaliza la manipulación de estadísticas. No obstante, se considera que el importe es "simbólico", dado que la norma contempla multas de hasta el 0,2 por ciento del PIB del estado sancionado (lo que, en el caso de España, supondría unos 2.000 millones de euros). Ello se debe a que se cree que la tergiversación "no fue intencional" y a "factores atenuantes", entre ellos, la cooperación de las autoridades españolas y valencianas y que las cuentas se han regularizado. En 2012, el Gobierno español informó al Eurostat de la revisión al alza del dato del déficit nacional en 0,4 puntos, hasta el 8,9 por ciento, tras tener conocer estos gastos.
La investigación se centró en las conocidas como "facturas en el cajón" por gastos de Sanidad, fechadas entre los años 1988 y 2011. La sanción contempla sólo los hechos desde 2011, cuando entró en vigor la norma bajo la que se abrió la investigación, y hasta 2012, cuando salieron a la luz los gastos ocultos y se procedió a su regularización.
