La Unión Europa ha confirmado la multa de 18,93 millones de euros al Estado español por el caso de la manipulación de datos de deuda y déficit en la Comunidad Valenciana, y su consecuente impacto en los datos reales de déficit y deuda españoles. Se considera que hubo una "negligencia grave, al no registrar gastos sanitarios", que se atribuye "a una entidad que actuó por su cuenta" (en concreto, la Intervención General de la Generalitat Valenciana). El Gobierno español recurrirá la multa, porque cree que "no se han cumplido los procedimientos sancionadores de la UE".
Se trata de la primera vez que la UE sanciona a un estado por la legislación comunitaria que penaliza la manipulación de estadísticas."Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos", según recoge el informe de la Comisión Europea.
No obstante, se considera que el importe es "simbólico", dado que la norma contempla multas de hasta el 0,2 por ciento del PIB del estado sancionado (lo que, en el caso de España, supondría 2.000 millones). Ello se debe a que se cree que la tergiversación "no fue intencional" y a "factores atenuantes", entre ellos, la cooperación de las autoridades españolas y valencianas y que las cuentas se han regularizado.
La investigación se centró en las conocidas como "facturas en el cajón" por gastos de Sanidad, fechadas entre los años 1988 y 2011. La sanción contempla sólo los hechos desde 2011, cuando entró en vigor la norma bajo la que se abrió la investigación, y hasta 2012, cuando salieron a la luz los gastos ocultos y se procedió a su regularización.
En 2012, el Gobierno español informó al Eurostat de la revisión al alza del dato del déficit nacional en 0,4 puntos, hasta el 8,9 por ciento, tras tener conocer estos gastos.
El Gobierno español trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando que "no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda".
También acusó al Ejecutivo comunitario de haber realizado "una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España". Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el caso.
¿Quién debe pagar?
Estado y Comunidad Valenciana se atribuyen mutuamente la responsabilidad del pago de la sanción. Bruselas sólo recuerda que está dirigida contra el Estado español, que es el responsable de hacer frente al pago, independientemente de dónde obtenga los fondos con qué hacerlo.
Vicent Soler ha emplazado al Gobierno de España a hacerse cargo de la multa "puesto que no sería justo que los ciudadanos tuvieran que pagar la negligencia de sus gobernantes". "En caso de pagarla los valencianos, significaría mermar aún más sus servicios sociales, y su acceso a la educación, la sanidad y el bienestar social", añadió.
El responsable de Hacienda ha recordado que "los hechos denunciados por la Unión Europea se refieren a un periodo de tiempo concreto, y cuyos responsables se pueden identificar perfectamente, en referencia a los consellers que permitieron estas prácticas y a la Intervención de la Generalitat que las validó". A este respecto, subrayó que "la multa impuesta por la Unión Europea es la consecuencia de una manera de gobernar del gobierno anterior de la Generalitat que rechazamos completamente".
