El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno recurrirá la multa de 18,93 millones de euros propuesta por la Comisión Europa por la manipulación de los datos del déficit de la Comunidad Valenciana y su consecuente impacto en el registro del déficit nacional. Montoro apuntó que se considera que "no se han cumplido los procedimientos sancionadores de la UE", ya que se ha aplicado de forma retroactiva un reglamento que entró en vigor en diciembre de 2011 y que sanciona hechos cometidos con anterioridad a esa fecha, "cuando no eran susceptibles de sanción".
Además, recordó que las conclusiones de la investigación europea concluyen que la tergiversación de los datos "no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta". En concreto, la investigación de la Comisión Europa atribuye la responsabilidad de la manipulación de los datos y la ocultación de las conocidas como "facturas en el cajón" a la Intervención General de la Comunidad Valenciana, a la que acusa de haber "ignorado" los informes del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana y los avisos de la Conselleria de Sanitat.
La Comisión Europea ya indicó que la sanción contemplaba sólo las irregularidades desde el año 2011 y que se habían tenido en cuenta, como "factores atenuantes", la cooperación de las autoridades españolas y valencianas en la investigació, que las cuentas se han regularizado y que "se ha puesto fin" a las irregularidades.
La comisaria Marianne Thyssen explicó que estas consideraciones redujeron la sanción inicial planteada, de 94,65 millones de euros, y la situaron muy lejos de la máxima posible prevista en la normativa, del 0,2% del PIB (unos 2.000 millones en el caso de España).
La propuesta de multa está aún pendiente de la aprobación del Ecofín.
El Gobierno español ya trató de paralizar el expediente mediante un recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE, en el que alega que "no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda", además de acusar al Ejecutivo comunitario de haber realizado "una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España".
Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el caso.
Primera sanción por manipular el déficit
Es la primera vez que la Comisión utiliza sus nuevos poderes bajo la legislación sobre gobernanza económica, conocida como 'Six Pack', para investigar una supuesta manipulación de los datos de deuda y déficit de un estado miembro.
La comisaria Thyssen advirtió de que "la decisión adoptada envía un mensaje claro: la Comisión está dispuesta a utilizar sus nuevos poderes para garantizar que la base estadística en la que se apoyan nuestras decisiones económicas sea fiable, a nivel local, regional y nacional".
Las "facturas en el cajón", que recogían gastos sanitarios, salieron a la luz en 2012 y estaban fechadas entre 1988 y 2011.
El conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, apuntó que esa práctica de "presunta mala contabilización de las llamadas facturas en los cajones es una circunstancia totalmente desterrada desde 2012", cuando se creó un registro único de facturas, y "existe total y absoluta transparencia" hasta el punto de que ahora "la UE nos felicita por la adecuada contabilización, por la transparencia".
Gobierno central y autonómico se han atribuido mutuamente la responsabilidad del pago de la sanción. La comisaria Thyssen recordó que la multa se impone al Estado y que es su competencia abonarla, procedan de donde procedan los fondos.
