Las urgencias políticas por la situación financiera de la Comunitat Valenciana han cambiado de forma notable en las últimas semanas, en las que se puede decir que lo que era un quebradero de cabeza para el Gobierno de Alberto Fabra ha pasado a ser un problema para el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que se va a prolongar los próximos meses. Fabra no va a cumplir el objetivo de déficit este año ni en 2015, como ya ha reconocido, pero su prioridad ya no es ésa en plena precampaña electoral.
Los 907 millones de euros otorgados a la Comunitat Valenciana -esperaba 500- en el reparto del sobrante del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la semana pasada, han acabado por quitar toda la presión que tenía la Generalitat por ser Valencia desde 2002 una de las autonomías peor financiadas, según todos los estudios elaborados al respecto.
Frente al despilfarro de su predecesor y a pesar de la herencia recibida en forma de facturas en el cajón -1.999 millones de euros, equivalente al 2 por ciento del PIB regional-, el Gobierno de Fabra realizó un gran esfuerzo para reducir el déficit, una gestión "brillante", según reconoció el pasado martes el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Comunitat Valenciana efectuó entre los ejercicios 2010 y 2013 un ajuste fiscal de 2.546 millones, lo que representa más del 2,5 por ciento del PIB regional de 2013, cuando la media de las autonomías fue del 1,8 por ciento.
La Generalitat dice basta
Pero ha dicho basta. "Hemos tocado hueso", repite el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, que señala que el último informe de la Airef refuerza la tesis de la Generalitat de que el excesivo déficit de la Comunitat Valenciana no es un problema de gasto, sino de ingresos.
El informe destaca que Valencia no cumplirá el objetivo en 2014 ni en 2015 porque buena parte de sus ingresos previstos son ficticios, se basan en unas transferencias del Estado que "no tienen fundamento legal". Son 1.258 millones en 2015, casi el 10 por ciento del presupuesto no financiero.
Fabra dijo basta después de que Mariano Rajoy zanjara en julio el debate entre la Generalitat y el Ministerio por la reforma del sistema de financiación autonómica.
El president había manejado con habilidad el clamor de todas las fuerzas políticas y sociales valencianas por un cambio de modelo, valiéndose del compromiso de Montoro de que se acometería en 2014, después de la reforma fiscal. La marcha atrás del ministro, avalada por Rajoy, debilitó a Fabra en su comunidad, pues tuvo que defender la postura del Gobierno.
A cambio, Montoro ha solucionado vía FLA el grave problema de liquidez que tenía la Generalitat, que ha podido pagar a abogados, farmacéuticos, residencias y otros colectivos y empresas molestos por los impagos.
Presión para Montoro
Es previsible que los préstamos del FLA le permitan seguir pagando en plazo hasta las elecciones autonómicas de mayo, a costa de seguir engordando la deuda de la Comunitat Valenciana, que ha crecido un 21 por ciento en sólo un año (6.249 millones) y con 35.892 millones alcanza ya el 35,8 por ciento del PIB regional.
Pero ni la contención de la deuda ni el déficit que la origina son ahora la prioridad de Fabra. Por ello, el mismo día que la Airef pedía al ministro Montoro que aplicara la Ley de Estabilidad e interviniera en las siete comunidades incumplidoras, el Gobierno valenciano reiteraba que no piensa hacer ni un recorte más.
La presión ahora es para Cristóbal Montoro, que tiene la obligación legal de tomar medidas contra esos siete gobiernos autonómicos, cinco de los cuales son del PP -Valencia, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura- y tienen elecciones en mayo. Los otros dos son Andalucía y Cataluña. Si no actúa, tendrá que dar explicaciones en España y en la Unión Europea.
Montoro presta otros 907 millones a la Generalitat