La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ente público cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, rechaza la pretensión de los gobiernos valenciano y catalán de recibir en 2015 sendos anticipos del Fondo de Competitividad con el objetivo de cuadrar su cuentas y lograr el objetivo del 0,7 por ciento del déficit.
En un informe sobre la Comunitat Valenciana fechado el 5 de diciembre, la Airef afirma respecto a este anticipo que "no existe constancia expresa ni fundamento legal que avale su obtención", ni en 2014 ni en 2015.
El ente que preside José Luis Escrivá recuerda que la Generalitat valenciana ya pidió en el transcurso de 2014 un anticipo de unos 1.000 millones, al ver que no iba a cumplir el objetivo del 1 por ciento del déficit, y desmiente al conseller Moragues al afirmar que el anticipo debe estar contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cosa que no ocurre.
El Ministerio de Hacienda reconoció a elEconomista que el anticipo no está en los PGE pero rehusó pronunciarse sobre si lo podría conceder, con el argumento de que "todas las peticiones de las comunidades se estudian".
La Airef asegura que "la Comunitat Valenciana presenta prácticamente certidumbre de incumplimiento del objetivo de estabilidad fijado en el -1% del PIB regional para 2014" y "riesgo de desviación" en 2015, por similares razones.
En ambos casos añade un segundo motivo, y es el impuesto autonómico sobre depósitos bancarios suspendido por el Tribunal Constitucional. La Generalitat no ha alcanzado los objetivos en 2014 -230 millones-, pero prevé ingresar 201 millones en 2015. Al respecto, la Airef defiende la tesis del Estado -es inconstitucional-, por lo que "no se espera la realización de estos ingresos.
La única alegría del informe para el conseller Moragues es que reconoce que la previsión de ingresos por venta de activos para 2015 se ha moderado respecto a la que la propia Airef criticó en un informe anterior y que "los datos de septiembre avalan la nueva estimación".
Lo primero, una advertencia pública
El informe de la Airef pide al Gobierno medidas para la Comunitat y otras seis comunidades autónomas incumplidoras, previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosten ibilidad Financiera.
Este artículo señala que, "en caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las comunidades autónomas", el Gobierno "formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma", y añade que "dicha advertencia se hará pública para general conocimiento".
La Generalitat tendrá entonces un plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán comunicadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si no se adoptasen las medidas o el ministro aprecia que son insuficientes, se aplicarán las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21 y 25, apartado 1.a).
Medidas inmediatas
El artículo 20 contempla que desde el mismo momento de la advertencia motivada, la Generalitat no podrá contratar ningún tipo de deuda, ni siquiera a corto plazo, sin autorización del Ministerio, hasta que presente el plan económico-financiero. Cuando lo presente, podrá firmar operaciones de crédito a corto plazo que no sean consideradas financiación exterior sin necesidad de autorización.
Otra medida inmediata derivada de la advertencia motivada será que "la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central con Comunidades Autónomas incumplidoras precisará, con carácter previo a su concesión o suscripción, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".
El plan economico-financiero
La Generalitat deberá elabrorar en un mes un plan económico-financiero que asegure el cumplimiento del objetivo de déficit, objetivo que el conseller Moragues ha reiterado que es imposible sin un cambio de modelo de financiación o con el anticipo del Fondo de Competitividad.
El plan será remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que comprobará la idoneidad de las medidas incluidas y la adecuación de sus previsiones a los objetivos que se hubieran fijado.
La ley señala que "a efectos de valorar esta idoneidad, se tendrá en cuenta el uso de la capacidad normativa en materia fiscal", lo que instará a la Generalitat a subir los impuestos".
Si el CPFF considerase que las medidas contenidas en el plan presentado no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, requerirá a la Generalitat afectada la presentación de un nuevo plan. Y si el Ejecutivo de Alberto Fabra no presenta el nuevo plan en el plazo requerido o el CPFF considera que las medidas contenidas en el mismo no son suficientes para alcanzar los objetivos, "se aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 25".
Pérdida de autonomía
El artículo 25 establece "medidas coercitivas" para las comunidades incumplidoras, como la no disponibilidad de créditos y la retención de créditos.
Además, "cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado". Es decir, que el Estado podrá subir los impuestos autonómicos.
Por otra parte, el Ministerio podrá exigir a la Generalitat que abra un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su PIB nominal (unos 200 millones de euros). "El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos", según la ley.
Y continúa: "Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva".
Los 'hombres de negro'
Según el mismo artículo 25, de no adoptarse alguna de las medidas previstas en el apartado anterior o en caso de resultar éstas insuficientes, el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada.
Esta comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos.
La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.
Insta a Montoro a tomar medidas contra la Generalitat
