Cataluña no es la única comunidad que ha cuadrado su presupuesto de 2015 con ingresos inciertos procedentes del Estado.
La petición del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, de 2.183 millones de euros, al margen de las transferencias previstas del sistema de financiación autonómica, no debió sorprender en el Ministerio de Hacienda, que ya tenía una petición similar del Gobierno valenciano por 1.258 millones, equivalentes a casi 1,3 puntos del PIB regional.
Es decir, que si no se produjeran esos ingresos, el déficit del 0,7 por ciento -máximo autorizado para todas las autonomías- se dispararía al 2 por ciento en la Comunidad Valenciana.
La petición de Cataluña se divide en tres conceptos: 759 millones por la disposición del Estatut de 2010 que establecía que las inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña tenían que equivaler a la contribución de esta comunidad al PIB nacional, 789 millones en concepto de anticipo del Fondo de Competitividad de 2015 y 635 millones para compensar el impuesto autonómico de depósitos bancarios, suspendido por una norma estatal recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno valenciano pide 1.057 millones del Fondo de Competitividad y 201 del impuesto a la banca. Según el conseller de Hacienda valenciano, Juan Carlos Moragues, el anticipo de este fondo, que se liquida dos años después, está recogido en la ley de 2009 que regula la financiación autonómica. De ahí que Cataluña y Valencia pidan el de 2015, que se debería liquidar en 2017. La cifra es la media de los últimos cuatro años.
¿Qué pasaría en 2017?
Si el ministro Montoro aceptase, el problema se trasladaría a quienes elaborasen los presupuestos catalán y valenciano de 2017, que deberían pedir otro anticipo para tapar el agujero, con lo que la excepción pasaría a ser norma, al menos hasta que hubiera un nuevo modelo de financiación.
Moragues ya ha advertido al Ministerio de que ve imposible cumplir el objetivo de déficit sin ese dinero y que, aun con él, será difícil debido al actual modelo, que sitúa a Valencia como la peor financiada, según todos los estudios al respecto. Además, es la que más recibe del Fondo de Competitividad, con dos años de retraso.
En cuanto al impuesto sobre depósitos bancarios, la solución depende más del Tribunal Constitucional, que debe decir si los de Cataluña y Valencia eran anteriores al del Estado y tienen derecho a una compensación, como Andalucía, Extremadura y Canarias.
Fuentes del Ministerio de Hacienda reconocieron este miércoles a elEconomista que ninguno de esos importes figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, pero añadieron que "todas las peticiones de las comunidades se estudian" y evitaron pronunciarse. Si se aprobara, debería pagarse mediante una modificación presupuestaria.
Más 'martillazos' en los presupuestos
La petición de dinero extra al Gobierno no es el único ingreso de dudoso cobro que contemplan Cataluña y Valencia para cuadrar el presupuesto. El Gobierno valenciano incluye desde 2011 en torno a 400 millones de euros en ingresos por venta de activos, sobre todo inmuebles, sin haber logrado colocar casi ninguno. Para 2015 prevé ingresar 433 millones. Cataluña sí ha logrado vender inmuebles, pero menos de los ofertados y a mucho menor precio del esperado.
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