Al menos siete comunidades autónomas incumplirán este año el objetivo de déficit presupuestario marcado por Hacienda en el 1% del PIB. Cuatro de ellas incluso lo duplicarán. Es la severa advertencia que la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) hace a Cristóbal Montoro en un contundente y exhaustivo informe. Reclaman al ministro que tome medidas preventivas contra los Gobiernos regionales incumplidores. Consulte aquí el informe de la Airef (.pdf)
Las autonomías díscolas son Extremadura, Cataluña, Valencia y Murcia, que según la Airef cerrarán 2014 con un déficit en sus cuentas públicas superior al 2% del PIB. Este mal dato de fin de ejercicio (reconocido ya extraoficialmente por los cuatro Ejecutivos regionales) les impedirá asimismo cumplir el compromiso de rebajar el déficit al 0,7% del PIB en 2015, "si no se adoptan medidas extras y se aprueban los Planes Económicos y Financieros que dicta la Ley para los incumplidores".
También incumplirán el tope de déficit Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares, aunque en estos tres casos el desvío será menor, del orden de tres décimas, con lo que presentarán un desequilibrio en torno al 1,3% de su PIB, según la Autoridad Fiscal, que preside José Luis Escrivá.
Montoro debería tomar medidas
En consecuencia, y teniendo en cuenta que 2015 es año electoral (y, por tanto, los gastos se desbordan y la consolidación fiscal se suele relajar), la Autoridad Fiscal insta al ministro Montoro a "la adopción de las medidas adecuadas", y recuerda que es a éste a quien "corresponde aplicarlas o, en caso contrario, explicar en público por qué no las adopta".
Es la primera vez que la Airef traslada al Ministerio de Hacienda la necesidad de activar los mecanismos que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Agotada la fase preventiva, la norma establece una serie de medidas correctivas (que incluyen límites a las CCAA para endeudarse) y, en última instancia, medidas coercitivas, según las cuales Hacienda podría intervenir de facto las cuentas de las autonomías incumplidoras.
Valencia y Cataluña piden 3.000 millones extra
