El Gobierno valenciano anunció este martes el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), siete horas después de conocerse una dura sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que declaraba nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que supuso el despido de 952 personas.
En un comunicado, la Generalitat argumentó que "solo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros", que era todo el presupuesto para 2014 de la nueva RTVV, incluidos los gastos de funcionamiento y programación.
"Un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos", por lo que "lamentablemente", solo queda "proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico", añadía el comunicado.
Fuentes de la Generalitat comentaron a elEconomista que la decisión se adoptó el mismo martes, no estaba tomada de antemano, aunque el vicepresidente y portavoz, José Císcar, ya había advertido de que la televisión pública era inviable con una sentencia de nulidad.
En el Ejecutivo se tenía la esperanza de que el ERE se declarase improcedente, lo que habría obligado a la Generalitat, no a la nueva RTVV, a elevar la indemnización de 20 a 45 días, unos 25 millones en total, y no ahora, ya que habría sido recurrida ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la contundencia del fallo ha disuadido al Ejecutivo de Fabra siquiera a plantear un recurso, que se interpreta que no sería más que una patada hacia delante que, además, podría hacer caer la sentencia definitiva en plena precampaña electoral de las autonómicas de mayo de 2015.
El coste para la Generalitat es considerable, incluso con el cierre, ya que cuando se ejecute la sentencia se encontrará de nuevo con una empresa de 1.700 trabajadores a los que tendrá que volver a despedir, esta vez con un ERE más sencillo, ya que la justificación será el cierre patronal y la indemnización será la de un despido procedente, 20 días por año.
A ese coste hay que añadir el de los salarios de tramitación que corresponde a los trabajadores despedidos y readmitidos, que pueden superar los 25 millones. La Generalitat había presupuestado para el año que viene unas transferencias de 68,1 millones para la nueva RTVV, 66,6 para gastos corrientes y 1,5 de capital, según el contrato-programa firmado antes del verano. El presupuesto total para 2014 era de 75 millones, contando los ingresos propios. Además, transmitirá 107 millones al viejo ente RTVV, que está en liquidación, para el pago de su deuda, que aún no ha sido asumida por la Generalitat.
La alegría con la que los afectados por el ERE, los sindicatos y los partidos de la oposición recibieron por la mañana el fallo del TSJCV se transformó horas después en estupor, ya que pocos creían que Alberto Fabra fuese capaz de cumplir la amenaza que había lanzado por boca de su vicepresidente.
Hasta su consejero de Gobernación, Serafín Castellano, número dos del PP valenciano, había descartado el cierre el pasado 29 de octubre, al afirmar que Canal Nou "ni puede ni debe desaparecer", porque es "fundamental" para la promoción de la lengua y la tradición valenciana. Por su parte, UGT lanzó un comunicado en el que condenaba el cierre de la cadena, tachándola de injusta y echándole la culpa a los políticos y directivos.
Numerosas irregularidades
En su comunicado, la Generalitat señaló como culpables de la situación a los directores de RTVV que han ejecutado el ERE, los dos del antiguo ente, José López Jaraba y Alejandro Reig, y la de la nueva empresa pública, Rosa Vidal, que ayer no quiso opinar del fallo, que le sorprendió en la presentación de la nueva temporada de la serie estrella de Nou, L'Alqueria blanca.
La anulación del ERE se debe a irregularidades desde su presentación hasta la ejecución, finalizada el pasado 31 de agosto, que "vulnerarían el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución". El Tribunal sostiene que, tras presentarse el expediente, con 1.198 afectados, "hubo una evidente y clara alteración de los listados y de los propios criterios de designación".
Las más importantes se refieren a cambios en las listas aprobados por la directora general que excluyó a siete personas por motivos sociales y a 186 técnicos de los que no podía prescindir si quería seguir emitiendo. Según el TSJCV, "en la fecha en la que tales acuerdos se adoptaron, ya se había producido un considerable número de ceses efectivos de otros empleados públicos que podrían haber formado parte de esos nuevos criterios posteriormente aplicados".
Sobre el rescate de los técnicos, supeditado a un informe favorable de Trabajo, afirma que "es fácil concluir que la decisión se tomó antes del aludido informe al que se condicionaba en principio la adopción de una postura, sin esperarse a valorar lo que se dijera al respecto por la autoridad consultada, por lo que la decisión estaba tomada unilateralmente y de antemano".
La Sala también pone en duda la voluntad negociadora de la empresa y, respecto a la distinta baremación utilizada para los trabajadores del ente RTVV por un lado y los de Canal Nou y Ràdio Nou por otro, los magistrados afirman que no encuentran "justificación ni explicación razonable".
Tres60 pierde el contrato de 7,5 millones
Tres60 es unas de las vícitmas colaterales del cierre de RTVV. La productora, que arrasó hace unos días en el consurso la valenciana tras hacerse junto a Endora y Mecomlys con los tres lotes de programación, ve como se aleja su gran conquista regional.
Con la supresión del servicio pública, Tres60 pierde los contratos valoradores en 7,5 millones sin recibir ningún tipo de indemnización. En los pliegos de licitación, la cadena incluyó una claúsula que indicaba que, en caso de que el ERE se declarara nulo, el acuerdo se rompía sin ningún tipo de penalización. La única obligación de RTVV sería pagar los meses que trabajó.
Telemadrid, en la cuerda floja
RTVV ha sido la primera autonómica en cumplir la amenaza de cierre y Telemadrid puede ser la primera en seguirla. La cadena que dirige José Antonio Sánchez está en el punto de mira de la Comunidad de Madrid por las dudas sobre el futuro del ERE de 860 que fue declarado improcedente por el Tribunal Superior de Madrid y posteriormente recurrido el Supremo.
El presidente de la Comunidad, Ignacio González, aseguró la semana pasada que si el Supremo declaraba nulo el ERE, tal y como solicitan los sindicatos, procedería al cierre de Telemadrid.
La cadena madrileña tiene un presupuesto de 80,3 millones para 2014, cinco menos que este año, y prevé destinar 18 millones a personal, una cantidad insuficiente para asumir la reincorporación de los 860 trabajadores.